En la sesión especial del día de hoy sancionaremos cinco iniciativas: en primera instancia se nombrarán 3 diputados para integrar la Comisión de Control y Seguimiento del Régimen de Redeterminación de Precios del Contrato de la Obra Pública y de Consultoría de la Obra Pública; el segundo tema, Convenio entre la República Argentina y Chile para eliminar la doble imposición en relación a los impuestos sobre la renta y el patrimonio a fin de prevenir la evasión fiscal; el tercer proyecto instituye el 30 de agosto como el Dia Nacional del Libre Acceso y Circulación a orillas de ríos, lagos y arroyos; la cuarta iniciativa se refiere al Régimen de desarrollo y Fortalecimiento de Autopartismo Argentino y finalmente, el proyecto de ley por el cual se crea el régimen de Fomento e Inversiones para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). El proyecto PYMES del gobierno tiene como eje central beneficios para el sector. En ese sentido, la iniciativa girada el 16 de mayo autoriza a deducir el 8% del monto de las inversiones en el Impuesto a las Ganancias y permite a las PYMES pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cada tres meses, al tiempo que elevar las retenciones en estos dos impuestos. Este beneficio se aplicará a las inversiones que se realicen entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 y este plazo se mantendrá la estabilidad fiscal alcanzando a todos los tributos, contemplados los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas. La iniciativa establece que se podrán mantener estas medidas favorables a las PYMES mientras éstas conserven la cantidad de personal. Además, se autoriza al gobierno a modificar el Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fonapyme), a los efectos de mejorar su performance y agilidad para la atención de la demanda y a definir el Fiduciario. La Ley Nacional de Producción Autopartista apunta a generar 27.000 nuevos puestos de trabajo en el sector en 4 años. El objetivo es que las piezas producidas en nuestro país de cada auto pasen del 22% al 38%. Impacta fuertemente sobre las provincias donde la cadena de valor de la industria está más arraigada: Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires y se incluye maquinaria agrícola. Las automotrices que cumplan con los requisitos recibirán una ayuda fiscal que va del 4 al 15% del valor de las partes y piezas adquiridas en el país. Financiamiento: Banco Nación, Banco Provincia y Banco Ciudad han impulsado en las últimas semanas líneas de crédito a tasas muy convenientes para la compra de autos nacionales, negociadas con la industria a través de la participación de Producción. Se entregará un bono electrónico de crédito fiscal sobre el valor de compras de autopartes producidas en el país.

Hoy, jueves 23 se tratará, en sesión especial, cuatro proyectos : uno, el proyecto de Resolución en donde se autoriza a la justicia el allanamiento del domicilio particular y las oficinas del ex Ministro de Planificación y actual diputado nacional por el FPV, Julio De Vido. El segundo, es otro proyecto de Resolución que crea la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público; el tercer proyecto, tiene que ver con la modificación del Código Penal creando la figura del arrepentido y, finalmente, el cuarto es el de Extinción de Dominio y Repatriación de bienes. Con respecto a permitir el allanamiento del domicilio del diputado Julio De Vido, el art. 1 de la ley de Fueros N°25.320 establece como requisito para ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores la autorización de la respectiva cámara. Respecto a la figura legal del arrepentido y colaborador, el proyecto permite extender la aplicación de dichas figuras a los delitos contra la Administración Publica. Estas figuras hoy se encuentran vigentes pero solo es aplicable a investigaciones respecto de delitos ligados a narcotráfico, terrorismo, secuestro extorsivo, trata de personas, terrorismo y lavado de activos. Permite contar con una herramienta fundamental para la lucha contra los delitos complejos alcanzando a los líderes de las organizaciones delictivas, así como también investigar y sancionar la corrupción y tener un estado más transparente. En referencia a la Extinción de Dominio, ésta figura tiene como objetivo la transmisión a favor del estado de aquellos bienes que provienen de actividades ilícitas como cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, fraude en perjuicio de la administración pública. El proyecto es concordante con lo establecido por la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, ratificada por la Argentina en el año 2002 a través de la Ley 25.632. Hay que destacar que dicha convención establece distintos tipos de delitos que caracterizan al crimen organizado. Contar con esta herramienta es fundamental para la lucha contra el crimen organizado, la acción de organizaciones criminales y la corrupción. Asimismo, respecto al narcotráfico, la Argentina ha dejado de ser un país de tránsito para convertirse en uno de elaboración y consumo. Este crecimiento ha sido posible por múltiples falencias y complicidades en distintos niveles del Estado nacional, provincial y municipal. La disponibilidad de recursos cuantiosos por parte de las organizaciones criminales les posibilito corromper y cooptar a funcionarios en diferentes ámbitos. Por ello, es necesario implementar una serie de herramientas, entre ellas, la ley de Extinción de Dominio y Arrepentido para atacar su poderío económico y avanzar en su desarticulación. Medidas de este tipo, tienen una implicancia económica y simbólica. La recuperación de bienes ilícitos a favor del Estado, y un importante mensaje a la sociedad, de que bajo ningún aspecto los actos ilícitos quedan impunes.

Comparto unas palabras de la Diputada Nacional Gisela Scaglia: “Cómo duele ver que contaban y pesaban plata en la Rosadita y enterraban billetes en un convento. Cuánta tristeza nos da saber que los millones que nos robaron -que nos sacaron a vos, a mí y a todos los argentinos- es plata que no fue a las escuelas, hospitales, viviendas y rutas. Cómo nos indigna saber que si estas irregularidades se dieron fue porque existía una decisión política para que sucedieran. No fue fácil encontrarnos con un Estado desmantelado, desfinanciado y con estructuras creadas y armadas para la corrupción, para el robo, para la impunidad. Sin embargo, y también por estas cosas, Argentina cambió. Y, aún en este momento de transición, sentimos que hay esperanza, vemos que la gente no pierde la fe en el Presidente porque les dice la verdad y trabaja día a día para que todos podamos vivir mejor. Desde el primer momento nos comprometimos con la transparencia, y te lo demostramos cuando, entre otras cosas, te contamos la herencia que recibimos. Lo hicimos porque vos te merecés que te digan la verdad, te merecés un Gobierno que te informe y no te mienta ni oculte nada. De todas formas, no me quiero quedar en la simple queja, que lejos está de construir y de generar algo positivo. Hoy quiero decirte que en esta nueva etapa tendremos una justicia independiente que podrá actuar frente a la corrupción, que ahora sí vivimos en un Argentina en la que todos somos iguales. En Argentina no hay más lugar para la impunidad”.

Hoy miércoles a partir del mediodía se desarrollará la sesión especial convocada por el oficialismo en donde se tratará el dictamen de mayoría basado en el Proyecto de Ley de modificación al Régimen Fiscal y Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. El proyecto fue largamente discutido en las comisiones de Presupuesto y Finanzas y de Previsión y Seguridad Social. Además hay 5 dictámenes de minoría presentados por los distintos bloques de la oposición. El proyecto es una reparación histórica, justa, voluntaria y que abarca a todo el universo. Muchos abuelos murieron esperando un reconocimiento proporcional al esfuerzo del trabajo realizado y peregrinaron algunos en la justicia y la mayoría se resignó frente a indiferencia del estado o a cuentagotas que solo hacían pensar en lo imposible. Es un acto de justicia para tantos años de injusticia. Es un enorme esfuerzo fiscal ya que por años no se pudo o no se quiso actualizar y no se han cumplido sentencias, hay 50 mil sentencias efectivas y 250 mil demandas que no tienen demanda definitiva y que la ley contemplará. El gobierno ha tomado la iniciativa y requiere mucha responsabilidad, muchos sectores de la oposición han adelantado que están acuerdo y deberemos actuar fiscalmente en forma responsable porque este proyecto debe poder sostenido en el tiempo. El proyecto tuvo más de 20 modificaciones propuestas respecto al texto original. El oficialismo aceptó la eximición de pago de ganancias del aguinaldo de junio y además, la cobertura de los déficits de las cajas provinciales. A instancia de la UCR se logró la modificación al artículo 85 que elimina penas a los periodistas por difundir información sobre quienes se presenten al blanqueo de capitales. También se excluyeron del blanqueo mantener y solicitamos expresamente que se mantenga el Impuesto a los Bienes Personales, carga que la UCR considera como el impuesto más progresivo dentro del sistema tributario argentino. Se mantuvo la declaración de emergencia, la posibilidad de vender acciones del Estado en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad solo para aquellas empresas que vendan las acciones en oferta pública o pierdan rentabilidad. El Proyecto tiene en total 93 artículos lo que llevará a una discusión extensa, democrática y abierta ya que en las reuniones de comisiones han participado funcionarios del gobierno que han explicado y respondido todas las preguntas que los diputados le han formulado. El promedio de reformas de cada ley no baja del 35%, esto demuestra que no está en nosotros gobernar con imposiciones o por decreto ya que no nos creemos dueños de la verdad.

El problema de la falta o la pérdida del trabajo lleva ya muchos años en nuestro país. Está claro que en estos últimos meses se viene agravando, pero lo que falta, falta hace mucho. Nadie -y mucho menos quienes nos decimos peronistas- podíamos creer que repartir planes sociales era dar trabajo. Me permito interpretar esa etapa de nuestra historia reciente: se tomaron en su momento decisiones por razones de urgencia y después, por falta de previsión, negligencia o deseos de manipular, se las convirtió en una estrategia permanente. SE PATEÓ PARA ADELANTE UNA DÉCADA Y ASÍ LE PATEARON PARA ADELANTE EL FUTURO A UNA GENERACIÓN ENTERA DE ARGENTINOS. Celebro que seamos mas los que reconozcamos hoy la "urgencia" en abordar el tema de la falta y la pérdida del trabajo. Pero aún con esta urgencia no podemos solamente pensar en la emergencia, nuestra obligación es aportar soluciones de fondo. El gobierno parece haber prestado atención a un conjunto de temas a los que no restamos importancia, pero descuida una realidad que golpea duramente a miles de hogares argentinos. Es por ello que en el dictamen de nuestro interbloque agregamos varias propuestas a la declaración de emergencia ocupacional, la prohibición de despidos por 180 días y la doble indemnización. Promovemos potenciar la institución del REPRO; impulsamos la protección de las micro, pequeñas y medianas empresas; proponemos mejorar la prestación por desempleo; sugerimos medidas para enfrentar el empleo en negro; impulsamos el sostenimiento y la creación de empleo PYME y la inserción de beneficiarios de programas sociales al mercado del trabajo. Estas propuestas merecen ser votadas...no vetadas !!!

Las políticas de Estado tanto de Néstor como de Cristina Kirchner nos hicieron salir del infierno. Argentina estaba devastada y endeudada, con su patrimonio público entregado al capital extranjero, la mitad de la población en situación de pobreza (54 por ciento) y con más del 25 por ciento de desempleo. El país estaba subordinado a las decisiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y al mercado global, los salarios y jubilaciones eran los más bajos y a los trabajadores estatales se les pagaba en bonos. No existían paritarias libres y la mitad de los trabajadores estaba fuera del sistema previsional sin posibilidad de jubilarse. El empleo vino de la mano de la recuperación de la patria, y eso fue posible porque el pueblo recuperó el gobierno. El Estado es fundamental en la puja entre capital y trabajo; no se trata de administrar, sino de gobernar en favor de los trabajadores y el pueblo, es así que intentamos dejar atrás el viejo país oligárquico exportador de materias primas -conocido como el granero del mundo-, desigual entre los ciudadanos y las regiones del país. La recuperación de la industria nacional fue el camino, con sustitución de importaciones y el agregado de valor a la estructura productiva. Para esto construimos un Estado propietario a través de las nacionalizaciones de AYSA, YPF y Aerolíneas Argentinas; la estatización y democratización del espacio radioeléctrico y los medios de comunicación, y el desarrollo de una política nuclear, sobre la base del complejo científico tecnológico. Al mismo tiempo, tuvimos un Estado garante de derechos, con la promoción del empleo, los convenios colectivos, la recuperación del salario y la estatización del sistema previsional, que nos permitió sostener políticas distributivas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) e incorporar al sistema a nuestros adultos mayores en un 98 por ciento. La caída de la pobreza y el desempleo fue entonces la construcción de un proyecto colectivo, nacional y popular, sudamericano y antiimperialista. Nuestro proyecto fue enfrentado durante los 12 años de gobierno por los dueños del mercado, grupos concentrados, los dueños del capital nacional o extranjero. El problema principal del gobierno de Mauricio Macri, que nos lleva a aumentar los índices de desempleo y pobreza, es que su proyecto de gobierno apuesta todo al mercado. Macri es el gobierno de las empresas, el gobierno de los ricos. Endeudamiento, apertura de la economía, cuentas offshore, tarifazos, inflación, acuerdo de libre comercio, desprecio del Estado como herramienta de distribución de la riqueza: todo eso explica los despidos y el aumento de la pobreza. La judicialización como política de Estado impulsa y esconde la más brutal transferencia de riqueza en pocos meses. El pueblo argentino ha dado una contundente respuesta de rechazo a esas políticas defendiendo las conquistas y dando legitimidad a la ley antidespidos: con las movilizaciones del 24 de febrero de Ate Capital; la del 24 de marzo de un amplio espectro político; la del 13 de abril en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner; la del 29 de abril donde con las cinco centrales obreras contra el despido; y el ajuste y el paro nacional de los estudiantes el 12 de mayo. La ley antidespidos protege a los trabajadores, e instala la discusión del modelo que impulsa el macrismo y que se contrapone con el nuestro. Porque con despidos no hay trabajo, sin trabajo no hay justicia, sin justicia no hay democracia ni paz. * Por Edgardo Depetri, diputado nacional del Frente para la Victoria-PJ

Hoy, a partir del mediodía comenzará la sesión sobre tablas convocada por Cambiemos en donde trataremos en primer término, el Proyecto de Acceso a la Información Pública; en segunda instancia nos abocaremos al debate del proyecto por la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los productos de la canasta básica alimentaria y finalmente, el proyecto venido del Senado que se refiere a la emergencia ocupacional y es conocida como ley Antidespido. El proyecto sobre el acceso a la información pública promovida por el Poder Ejecutivo obliga a los poderes del gobierno a brindar la información que requiera cualquier ciudadano en un lapso de 30 días, es decir15 días desde el inicio del pedido y otros 15 días prorrogables. Esta iniciativa, por ejemplo, especifica que ninguna autoridad pública puede negarse a la divulgación de un documento de conformidad con las excepciones contenidas que especifica esta ley, como por ejemplo datos relativos a la seguridad nacional y al secreto bancario. En segundo lugar nos abocaremos a tratar la iniciativa que viene del Poder Ejecutivo sobre la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los productos de la canasta básica alimentaria. Este proyecto beneficia a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, como ser los jubilados que perciben un haber mínimo y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. La devolución del IVA alcanza a 8.400.000 personas y equivale a dos asignaciones universales y medias al año por beneficiario y a una jubilación mínima más anualmente. La devolución será del 15% de las compras realizadas con la tarjeta de débito donde se cobran los programas o la jubilación hasta un tope de $300 mensuales por beneficio. El Proyecto promueve la bancarización de una porción de la población que hoy se encuentra por fuera del sistema porque obliga a los comercios a aceptar el pago con tarjetas de débito. Ayuda a combatir la evasión fiscal y garantiza la transparencia del sistema. Finalmente, entraremos, ya casi seguramente a la medianoche a discutir el proyecto de la Ley Antidespido que proviene del Senado. Este texto declara la emergencia ocupacional y fija la doble indemnización. Con respecto a este proyecto los que integramos Cambiemos somos muy claros y contundentes: la doble indemnización no ha resuelto los problemas del empleo. No vamos a acompañar ningún proyecto que no protege el empleo. Y precisamente esta iniciativa que tiene media sanción del Senado no lo incentiva responsablemente. No vamos a participar de la interna del PJ. Lamentamos no haber alcanzado un acuerdo razonable por el empleo que muestre la madurez de la política, empresarios y dirigentes gremiales. Desde que se aprobó esta Ley Antidespedio o de Emergencia Laboral, siempre dije que debíamos trabajar obsesivamente en una suerte de acuerdo por el empleo que implica positivamente incorporar la ley de empleo joven, incentivos fiscales a las PYMES, que son el 70% de la industria del país, y contribuir con medidas como los REPRO (Programa de Recuperación Productiva) para los casos de crisis, pero con una visión más amplia que una pelea política.

Los diputados nacionales del Bloque FPV-PJ reiteramos nuestro más rotundo rechazo a las conductas antidemocráticas del presidente Mauricio Macri, quien ha decidido anular por decreto al AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) y modificar la Ley de Medios, cuya única finalidad es seguir contando con favores del Grupo Clarín. La nueva alianza Cambiemos consumó hoy en la Cámara de Diputados el atropello contra las instituciones que denunciamos en diciembre pasado, cuando nos movilizamos a la sede de la AFSCA en reacción a la firma del decreto por parte de Macri. El oficialismo cree que un decreto es más que una ley, y esto nos preocupa porque estamos frente a una alianza que no vacila en llevarse por delante lo que sea con tal de alcanzar sus objetivos. No se puede tapar el sol con las manos: Cambiemos está gobernando para los grupos mediáticos concentrados, entre ellos Clarín, que acompaña y alienta la agenda política del gobierno.

En la mañana de hoy, el diputado nacional Darío Martínez (FpV-PJ) presentó una denuncia en los Tribunales Federales de Comodoro Py para que sea la Justicia Penal la que investigue si el Presidente Macri cometió ilícitos en su participación en las sociedades offshore que divulgó la investigación Panamá Papers. El legislador neuquino dijo que presentó la denuncia ante el Juzgado Correccional y Criminal Federal n° 7 para que sea la justicia penal la que investigue si Mauricio Macri -en su condición de vicepresidente o director de las sociedades Fleg Trading LTD y/o Kagemusha S.A. y como presidente de Boca Juniors- y Néstor Grindetti -usando el poder especial para manejar la empresa Mercier International- conocieron, colaboraron, decidieron o aprobaron maniobras de lavado de dinero o evasión impositiva. Martínez expresó que “está clara, comprobada y admitida la participación del presidente Macri como director y vicepresidente de dos sociedades en Bahamas y Panamá, que son paraísos fiscales que habitualmente se usan para el banqueo de capitales y evasión de impuestos”. El legislador señaló que “la investigación periodística expuso también que Néstor Grindetti, actual Intendente de Lanús, ex ministro de Hacienda de la administración Macri en la ciudad y ex ejecutivo del grupo SOCMA-SIDECO, en épocas en que Mauricio Macri era gerente general o presidente, también tiene estrecha vinculación con una sociedad registrada en Panamá, con cuentas en Suiza.” El diputado neuquino agregó que “por si esto no alcanza, el actual presidente del club Boca Junior Daniel Angelici afirmó que las cuentas que tiene esa institución en paraísos fiscales son usadas por Boca para realizar transferencias, y que tal operatoria y antigüedad de las cuentas viene de hace más de 20 años, curiosamente cuando el actual presidente de la Nación era presidente de esa institución.” Martínez explicó que “no alcanzan las vagas aclaraciones dadas oficialmente hasta el momento, y como Laura Alonso, titular de la oficina anticorrupción que debería investigar hasta el esclarecimiento, salió inmediatamente en defensa pública del presidente Macri, se hace imprescindible la acción de la Justicia”.

El presidente del bloque FpV-PJ, Héctor Recalde, presentó hoy un proyecto de ley tendiente a modificar la conducción de la Oficina Anticorrupción (OA), para que el organismo quede en manos de un funcionario designado por la primera minoría opositora y que además cumpla con la condición de ser abogado. La iniciativa establece que “la conducción, representación y administración de la Oficina Anticorrupción será ejercida por el secretario de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, quien será nombrado a propuesta del bloque parlamentario con mayor cantidad de legisladores por parte de la oposición (primera minoría) con rango y jerarquía de secretario”. Asimismo, establece la designación de un subsecretario en representación de la segunda minoría de la oposición, y dispone que ambos funcionarios deberán “poseer título universitario de abogado, sólida formación académica, antecedentes profesionales calificados y una reconocida trayectoria democrática y republicana". “Este es un detalle no menor que creemos que fue un error pues se buscó adecuar al cargo a una persona, en vez de seleccionar a un profesional idóneo que cumpliera los requisitos que ya estaban establecidos legalmente”, explica Recalde. En los fundamentos, el diputado afirma que debería seguirse un criterio similar al de la Auditoria General de la Nación, que por la reforma constitucional de 1994 tiene a la cabeza al representante propuesto por el principal partido de la oposición. Además, señala que en las causas donde puedan investigarse hechos ocurridos en un gobierno que actualmente sea oposición, deberá intervenir el subsecretario, para evitar que ninguna fuerza termine autoauditándose.

En este período legislativo que se inicia, trabajaremos desde el bloque Justicialista para fortalecer el autopartismo argentino. Redoblaremos esfuerzos impulsando un proyecto de ley, ya presentado. El objetivo es promocionar y desarrollar el sector autopartista nacional. Para eso, se otorgarán incentivos a las terminales automotrices y a los autopartistas que integren partes y piezas nacionales o las exporten, debiendo superar -para acceder- el nivel inicial fijado por este proyecto de ley, y comprometerse a un aumento sustancial de dicho nivel en un programa de integración de hasta cinco años. La industria automotriz ha adquirido una dinámica de continuas innovaciones, como base de la competitividad, en un proceso de globalización de los mercados y productos. Esto ha requerido que los proveedores del sector que pretenden insertarse en las cadenas de producción globales se adapten a esta nueva dinámica mediante inversiones que les permitan acompañar este proceso de innovación y crecimiento. En este contexto, la industria automotriz argentina en la última década ha adquirido un perfil exportador, atento la necesidad de generar escalas de producción más eficientes que no se obtendrían solamente con el mercado local. En este marco, la producción de autopartes se enfrenta a un desafío mayor, porque una gran proporción de éstas resultan ser "commodities", ya que los nodos de desarrollo y producción tienden a centralizarse en algunos pocos países. Además, porque la estructura de autopartistas de capital nacional tienen mayores limitaciones para competir de manera eficiente dada su posición relativa a los centros de decisión. Resulta necesario incrementar el uso de autopartes nacionales en los vehículos producidos en el país y en la región y, simultáneamente, aumentar la participación de las autopartes en las exportaciones. Para poder llevar adelante esto, es condición necesaria profundizar el proceso de desarrollo de ventajas competitivas, estimular el proceso de inversiones en la cadena, incrementar la agregación de valor industrial en los productos y llevar al sector a las mejores prácticas productivas globales. A partir de ahí, el proyecto procura incentivar las inversiones en proceso y las que son necesarias para mantener actualizado el parque productivo y los modelos en producción. Asimismo, se plantea extender el tratamiento preferencial no solo a moldes y matrices, motores y transmisiones, sino también al resto de los sistemas integrantes del vehículo que tienen una mayor dificultad, por razones tecnológicas o de escala, para ser producidas en el país. El beneficio que se otorga es el reintegro parcial sobre las compras de autopartes locales (conjuntos, partes y piezas) que sean adquiridas por las empresas terminales automotrices y las productoras de conjuntos, así como de motores, transmisiones y otros sistemas. Los beneficiarios del régimen son las empresas productoras de automóviles, utilitarios, camiones, chasis con y sin cabina y ómnibus así como los productores de motores, cajas de transmisión y autopartistas productores de conjuntos que cuenten con un establecimiento industrial radicado en el Territorio Nacional. Asimismo, teniendo presente que muchas de las empresas autopartistas enfrentan limitaciones de acceso para financiar las inversiones necesarias, se propone establecer la figura del anticipo en el cobro de los beneficios para que estos sean destinados exclusivamente al desarrollo de los autopartistas financiando inversiones en capacidad y herramentales, previa constitución de garantías por parte de las terminales automotrices. El proyecto prevé sanciones para el caso de detectarse incumplimientos, a los que clasifica -según su importancia- en leves o graves. Las sanciones previstas serán, a partir de lo antedicho, las siguientes: suspensión del régimen, multa, revocación del beneficio, devolución de los reintegros percibidos e inhabilitación.

Quiero compartir con Ustedes algunos de los conceptos que expresé esta mañana, durante la sesión de la Cámara de Diputados. Debo ser sincero, me hubiera gustado referirme a las cuestiones de fondo, pero en ese sentido haré mías las palabras de nuestro miembro informante, el diputado Diego Bossio, y de cada uno de los diputados integrantes del bloque acerca de las cuestiones centrales debatidas. No puedo dejar pasar la metodología recurrente del Frente para la Victoria durante todo el debate, que agredió constantemente a nuestro bloque y a sus integrantes. Podríamos haber planteado varias cuestiones de privilegio, pero por respeto a cada uno de los integrantes de la Cámara no lo hicimos. Por ello tuve que tomar el tiempo que me correspondía para cerrar el debate a efectos de contestar las cosas graves que se dijeron y que no puedo dejar pasar. Cada uno de los integrantes de este bloque tiene familia y es militante. En la sesión se ha hablado de miedo y se ha utilizado la palabra “vergüenza”. Asimismo se ha hablado de Banelco y de extorsión. Me referí a cada una de esas palabras, y no les hablé a aquellos que las utilizaron porque, como buen peronista que creo que soy o por la formación que tengo, desde chico me enseñaron que cuando un peronista empieza a hablar mal de otro peronista es porque deja de ser peronista. Hablé de aquellos de los que fui compañero de bancada y que, a diferencia de otros, no han hecho ningún tipo de alusión. A ellos les aclaré que cuando se dice “miedo”, “guarda con lo que van a votar” o “guarda con lo que van a hacer”, no hay ninguna diferencia con lo que expresa el presidente de la Nación o el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas cuando dicen “guarda, que si votan de una manera o de la otra viene la hiperinflación o el ajuste”. Es la misma metodología. Se ha hablado muchas veces de vergüenza. La verdad es que lo que da vergüenza es que haya dirigentes que publican fotos de la casa de un diputado y del jardín al que concurren sus hijas, como así también los teléfonos de todos los integrantes de este bloque. Eso sí que da vergüenza, y eso no es de peronista. Vergüenza da ver a una diputada que ha tenido un cargo importante en ese bloque sacarnos fotos constantemente para ver qué hacíamos, si nos sentábamos o no. Esas cosas dan vergüenza. Se habló de Banelco. Claro, el ladrón piensa que todos son de su misma condición. Por eso quiero decir a todos que este bloque puede tener muchísimos defectos, pero seguramente no nos van a encontrar en un video filmado en una financiera, contando plata sin saber de dónde viene por ser hijo de un empresario al que muchos conocen y hoy no nombran. También se ha hablado de extorsión, utilizándose esa palabra en relación con los gobernadores, que merecen todo el respeto. Se los ha tratado como si fueran unos mendigos que andan con los pantalones bajos pidiendo limosna por cualquier lado. Cuando uno alcanza una responsabilidad tan grande como la de administrar una provincia, sea del partido que sea, merece que se lo considere con todo respeto. No se puede tratar a un gobernador –sobre todo si es nuestro- de esa manera, diciendo que está siendo extorsionado. El gobernador asume la responsabilidad que le corresponde del mismo modo en que lo hace un intendente, tratando de llevar lo mejor que puede para su pueblo. Eso es lo que hacen un gobernador y un intendente, y lo que a veces tratamos de hacer cada uno de nosotros. Esas palabras que se han pronunciado en forma aparentemente suelta en realidad han constituido una metodología que se ha implementado porque se han turnado para hacerlo. Espero que esto no se vuelva a repetir porque todos nos merecemos respeto. Me ha dolido profundamente dejar ese bloque; muchos compañeros que pertenecen a él lo saben. Respecto al tema en cuestión, la verdad es que no hay nada para festejar. Los que estamos aquí no tenemos nada para festejar. Cada uno de nosotros sabe las responsabilidades que tiene, y al votar asumiremos esa responsabilidad. Quien habla caminó treinta y dos asambleas, se juntó con miles de trabajadores para hacer campaña para un presidente que no nos tocó y hoy está en la oposición. Tratamos de asumir ese rol con la mayor responsabilidad que nos toca, sabiendo –y sufriendo por ello- que no nos hubiera gustado estar aquí, sino ser gobierno porque estamos convencidos de que si lo hubiésemos sido habríamos hecho las mejores cosas. Pero no nos tocó serlo, y en ese sentido vamos a asumir la responsabilidad que tenemos.

Hoy, después de 20 horas de debate en sesión especial por el acuerdo con los holdouts, Cambiemos logró que el proyecto fuera avalado con 165 votos. Para poder avanzar con el pago a los bonistas, el proyecto deroga las leyes "Cerrojo" y la de "Pago Soberano", sancionadas durante el kirchnerismo. Contamos con el apoyo del bloque Justicialista, el Frente Renovador y legisladores de diversas provincias. El proyecto pasó al Senado y será tratado este miércoles, en la comisión de Presupuesto con la presencia del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, y del procurador del Tesoro, Carlos Balbín. Cambiemos, trabajó para sacar la ley, no para sacarnos las ganas con los discursos. Resolvimos un problema en un contexto de debilidad, porque tenemos sentencia firme en contra. Después de horas de trabajo conjunto en comisiones junto a los representantes de los distintos bloques de la oposición se logró un dictamen de mayoría y de los 19 artículos del proyecto, 11 fueron modificados con aportes de los distintos legisladores y del oficialismo. El texto, tuvo varios aportes que se introdujeron en la votación en particular de los artículos, por ejemplo autoriza a tomar deuda para pagarle a los tenedores de bonos en default, aunque eso no se producirá hasta que quede firme el fallo del juez Griesa puesto en suspenso por la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Logramos que con el acuerdo se produjera una importante quita del 38% de interés y 27% del capital. En el periodo de mayor crecimiento de la Argentina, a una tasa del 8%, el kirchnerismo se gastó la plata de los argentinos, por eso les dije que no son ni fueron el "Che Guevara" si no más bien "Isidoro Cañones". Reivindico que se terminó la idea fundacional que es la que el país comienza cuando yo llego. En esta lucha contra el imperialismo que el kirchnerismo llevó adelante con carácter vanguardista, hace unas horas parecen haberse enterado que el país no comenzó ni con nosotros ni con ellos.

Discutimos cómo salir de la usura de los Fondos Buitres que tenían fallo a su favor en todas las instancias judiciales. La opción del NO PAGO no existe. El debate de todos los bloques fue cómo pagar. No hubo otro debate. ¿El arreglo resulta beneficioso para el país? Si. Permite salir de intereses usurarios (la decisión del fallo del Juez Griesa le costó al país más de US$ 9.000 millones). El pago es una derrota por el ineficiente tratamiento de la deuda a través de décadas, que el Partido Socialista advirtió en cada uno de los tratamientos en el Congreso de la Nación del que fuimos parte. Argentina perdió la oportunidad de investigar la deuda ilegitima ya que no hubo voluntad política para investigarla pero, de ninguna manera, se puede considerar “deudor recalcitrante” y ser humillada por Griesa. El conflicto obedece a la ausencia de normas internacionales para resolver los Default de deuda soberana y por las condiciones en que se efectuó la Reestructuración de la deuda, cosa que advertimos y votamos en contra. Si algo deberíamos aprender de los últimos 30 años de deuda histórica argentina es que el populismo es un mal consejero y Argentina no debe dejar atrás el populismo de los últimos 12 años para abrazar el populismo de mercado. La historia de los Fondos Buitres debe servir de experiencia. Cuando rechazamos la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano (que hoy votamos su derogación) dijimos con claridad que Argentina debía negociar con los Fondos Buitres y salir del Default. Ante la situación del nuevo Congreso, sin mayorías automáticas, el Bloque Socialista podía optar entre abstenerse de participar o estudiar la problemática a fondo haciendo las propuestas que mitiguen el impacto negativo de la negociación y promueva la institucionalidad necesaria para que el Congreso de la Nación recupere la potestad de decidir sobre la Deuda Externa Argentina Optamos responsablemente por esta segunda opción, trabajamos con nuestros compañeros del equipo económico y del equipo jurídico, consultamos las opiniones políticas de la Mesa Nacional del partido. Debatimos con todos los bloques y escuchamos sus propuestas. Finalmente, dimos el debate en todas las comisiones. No firmamos el dictamen del oficialismo porque lo considerábamos muy vulnerable y optamos por llevar al recinto una propuesta pensando en los intereses de la Nación. En síntesis, las modificaciones propuestas al dictamen de mayoría fueron las siguientes: 1- Limitar la autorización de canje de deuda a US$11.684 millones, cifra negociada por el equipo económico. Si los acuerdos futuros exceden esa cifra, el PEN deberá solicitar una nueva autorización al Congreso. 2- Los bonos a emitirse deben incorporar cláusulas de acción colectiva, esto es, que con el consentimiento del 66,66% del total de los bonos se implican la aceptación del 100% y evitamos Fondos Buitres. 3- Crear la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de contratación y de pago de la deuda externa de la nación, compuesta de 10 Senadores y 10 Diputados cuyas funciones son: elaborar una ley marco de negociación de empréstitos extranjeros, impulsar la discusión y elaboración de un convenio internacional que regule el derecho de insolvencia de los Estados Soberanos en los foros y organismos competentes, emitir dictamen con carácter previo a la contratación de deuda externa y efectuar el Contralor. 4- Si no se logra la confirmación por parte de la Cámara de Apelaciones del segundo circuito de Estados Unidos del efectivo levantamiento de todas las medidas cautelares, no se paga un solo dólar y cae el acuerdo. En el marco de un proceso de negociación con todos los bloques de los 19 art, se cambiaron 11 en el recinto que contemplaron todas las propuestas del Partido Socialista y también limitamos las facultades de delegación de la autoridad de aplicación. Queremos destacar que es la primera vez que en más de 20 años de negociación de la deuda externa se crea una Comisión Bicameral de seguimiento permanente y control de la Deuda. Desde el Bloque del Partido Socialista actuamos con responsabilidad analizando la posición histórica del Partido frente a esta compleja problemática pensando en los altos intereses de la Nación. Hermes Binner – Alicia Ciciliani – Gabriela Troiano – Lucila Duré

Una interesante nota publicada por el portal del oficialista Grupo Clarín el 5 de febrero, durante las negociaciones con los fondos buitre, revelaba que según “fuentes oficiales” el gobierno de Macri había “propuesto una quita en torno del 40 por ciento sobre los intereses a devolver a los acreedores” y que la estrategia “apunta a obtener una mayor quita a cambio de pagar en efectivo”. Otro medio publicaba exactamente la misma cifra el mismo día. Ambos calificaban a la oferta de “agresiva”. Pero el misterio se develó al día siguiente, cuando finalmente se conoció la oferta oficial que firmó Macri. La realidad resultó decepcionante: el pago sería en efectivo pero el “descuento” llegaría sólo al 25 por ciento. Así, la oferta de Macri consiste en pagar en efectivo 6500 millones de dólares sobre la sentencia de Griesa. En un solo día se habían perdido 1100 millones de descuento, siempre según fuentes oficiales. Es cierto que ya nadie utilizaba el adjetivo “agresiva” para calificar a la oferta, aunque los medios oficialistas tampoco se atrevieron a llamarla por su nombre: “vergonzosa”. Algunos podrían llamarla “generosa” aunque la generosidad se ejerce con la plata de uno y, en este caso, se trata de la de todos los argentinos. De todos modos, como mostraremos, tampoco sería “agresivo” conseguir un descuento del 40 por ciento. Muchos recordarán las complicadas condiciones en las que se llevó adelante la negociación con los fondos buitre en julio de 2014. La Suprema Corte de Estados Unidos acababa de rechazar el caso de Argentina contra los buitres. Se había creado una enorme presión para que Argentina pagara lo que Griesa había determinado. Si no lo hacía, se decía que el país iba a caer en un default como el de 2001, el riesgo país se dispararía y los acreedores pedirían la aceleración de toda la deuda externa, también la reestructurada. Tal como sostuvimos entonces, nada de eso ocurrió. Pero lo que quiero resaltar es que en esas condiciones, las peores para una Argentina asediada por advertencias y amenazas de todo tipo, los fondos buitres llevaron una oferta a la mesa. La oferta consistía en darnos un descuento del 15 por ciento y cobrar en bonos de largo plazo, no en efectivo. Ante la firme postura de nuestro gobierno, Y más adelante tiempo después, ofrecieron, a través de terceros, ofrecieron un descuento todavía mayor: 30 por ciento y en bonos, es decir, como se dice vulgarmente, en papelitos y no en dólares contantes y sonantes. ¿Por qué se rechazó la oferta? En primer lugar, hay que aclarar sobre qué monto se realizaba el descuento ofrecido por los buitres. Cuando Néstor Kirchner negoció con los acreedores la salida del default, ofreció 35 centavos por cada dólar. La de Néstor sí era una oferta realmente agresiva, pero respondía a criterios fáciles de comprender. Del mismo modo, cuando fundió la compañía norteamericana Enron los acreedores recibieron entre 14 y 18 centavos por dólar. En el caso de Argentina, los acreedores le habían prestado al país durante la década de los ‘90 a tasas altísimas participando de una verdadera timba. Esas tasas eran tan altas justamente porque había un riesgo cierto de default. El neoliberalismo sobreendeudó al país y después no pudo pagar. Cuando el default ocurrió, lo justo era “compartir” los costos. El acuerdo fue aceptado por 93 por ciento de los acreedores, que así se aseguraban además que Argentina pudiera pagar sus compromisos, como hizo puntualmente en los años siguientes. Como decía Néstor, había que crecer para poder pagar. Y así sucedió. Si Néstor ofreció 35 centavos por cada dólar, Griesa pretende que Argentina pague 4 dólares por cada dólar. Pero además, hay que tener en cuenta que los buitres pagaron sólo 25 centavos por cada dólar, porque nunca le prestaron plata a Argentina sino que compraron los títulos después del default e incluso después de la reestructuración con el expreso propósito de buscar un juez que les dé la razón. La sentencia de Griesa cumple ese objetivo y les otorga una ganancia de 1600 por ciento, que con el descuento que ofrece el gobierno de Macri se reduciría a ... ¡1200 por ciento! Un disparate. En síntesis, con la propuesta de Macri, los buitres cobrarían 6500 millones cuando apostaron cerca de 500 millones, es decir, 3 dólares por cada dólar. Como se ve, no se está pagando por el juicio del siglo sino que el gobierno de Macri estaría convalidando la estafa del siglo. ¿Cuál es el riesgo de pagarle a los buitres “lo que dice Griesa”? El 93 por ciento que entró a la reestructuración de buena fe, aceptó una quita del 65 por ciento. Si ahora Argentina levanta la ley cerrojo y le paga a los buitres lo que piden con un módico descuento, no sería para nada extraño que en breve aparezcan bonistas que reclamen el mismo tratamiento que recibieron los buitres. Tampoco sería raro que un juez, con mejor criterio que Griesa, reconozca que el tratamiento debe ser equitativo entre los acreedores, multiplicando toda la deuda de Argentina por dos o por tres. Por eso, el único acuerdo con los buitres que no compromete el futuro del país es que acepten cobrar lo mismo que el 93 por ciento. No es un mal negocio. Considerando los intereses acumulados en estos años los fondos buitre obtendrían una ganancia superior al 300 por ciento sobre lo que realmente pagaron por los bonos. No está de más citar la opinión de un “experto” que en 2013 presentó un escrito como amicus curiae apoyando a Argentina ante la Justicia norteamericana y contra el fallo de Griesa: “¿cuán justo puede ser para los buitres (holdouts) tener un trato mejor, incluso un centavo más que lo que ya se distribuyó (al 93 por ciento)?”. El autor del facsímil no es otro que el actual ministro de Hacienda, Alfonso de Prat-Gay, que criticaba cualquier arreglo que reconozca para los buitres más que lo que recibieron los acreedores reestructurados. Aunque hoy sostenga lo contrario, tenía razón: pagar de más no es justo, pero tampoco es conveniente y además es extremadamente riesgoso. Probablemente el resultado de la negociación sea hasta el momento tan desfavorable para Argentina porque el gobierno de Macri muestra un indisimulable apuro por llegar a un acuerdo, lo cual no es precisamente una buena estrategia de negociación. Como lo ven casi desesperado, le piden más. Los buitres, en cambio, saben y pueden esperar. Lo triste es que el apuro para negociar proviene de un motivo mucho más profundo y también mucho más peligroso: el plan de Macri parece ser endeudar nuevamente al país. Tal vez por eso nombró tantos funcionarios de la banca extranjera. Y tomar deuda es hoy posible, precisamente, porque después de 12 años de esfuerzo Argentina está desendeudada. Con trabajo, con industria, con crecimiento, con inclusión y sin deuda. Mantener esos derechos parece ser para algunos una pesada herencia. * Axel Kicillof - Ex ministro de Economía y actual diputado nacional por el FpV.