Las políticas de Estado tanto de Néstor como de Cristina Kirchner nos hicieron salir del infierno. Argentina estaba devastada y endeudada, con su patrimonio público entregado al capital extranjero, la mitad de la población en situación de pobreza (54 por ciento) y con más del 25 por ciento de desempleo. El país estaba subordinado a las decisiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y al mercado global, los salarios y jubilaciones eran los más bajos y a los trabajadores estatales se les pagaba en bonos. No existían paritarias libres y la mitad de los trabajadores estaba fuera del sistema previsional sin posibilidad de jubilarse. El empleo vino de la mano de la recuperación de la patria, y eso fue posible porque el pueblo recuperó el gobierno. El Estado es fundamental en la puja entre capital y trabajo; no se trata de administrar, sino de gobernar en favor de los trabajadores y el pueblo, es así que intentamos dejar atrás el viejo país oligárquico exportador de materias primas -conocido como el granero del mundo-, desigual entre los ciudadanos y las regiones del país. La recuperación de la industria nacional fue el camino, con sustitución de importaciones y el agregado de valor a la estructura productiva. Para esto construimos un Estado propietario a través de las nacionalizaciones de AYSA, YPF y Aerolíneas Argentinas; la estatización y democratización del espacio radioeléctrico y los medios de comunicación, y el desarrollo de una política nuclear, sobre la base del complejo científico tecnológico. Al mismo tiempo, tuvimos un Estado garante de derechos, con la promoción del empleo, los convenios colectivos, la recuperación del salario y la estatización del sistema previsional, que nos permitió sostener políticas distributivas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) e incorporar al sistema a nuestros adultos mayores en un 98 por ciento. La caída de la pobreza y el desempleo fue entonces la construcción de un proyecto colectivo, nacional y popular, sudamericano y antiimperialista. Nuestro proyecto fue enfrentado durante los 12 años de gobierno por los dueños del mercado, grupos concentrados, los dueños del capital nacional o extranjero. El problema principal del gobierno de Mauricio Macri, que nos lleva a aumentar los índices de desempleo y pobreza, es que su proyecto de gobierno apuesta todo al mercado. Macri es el gobierno de las empresas, el gobierno de los ricos. Endeudamiento, apertura de la economía, cuentas offshore, tarifazos, inflación, acuerdo de libre comercio, desprecio del Estado como herramienta de distribución de la riqueza: todo eso explica los despidos y el aumento de la pobreza. La judicialización como política de Estado impulsa y esconde la más brutal transferencia de riqueza en pocos meses. El pueblo argentino ha dado una contundente respuesta de rechazo a esas políticas defendiendo las conquistas y dando legitimidad a la ley antidespidos: con las movilizaciones del 24 de febrero de Ate Capital; la del 24 de marzo de un amplio espectro político; la del 13 de abril en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner; la del 29 de abril donde con las cinco centrales obreras contra el despido; y el ajuste y el paro nacional de los estudiantes el 12 de mayo. La ley antidespidos protege a los trabajadores, e instala la discusión del modelo que impulsa el macrismo y que se contrapone con el nuestro. Porque con despidos no hay trabajo, sin trabajo no hay justicia, sin justicia no hay democracia ni paz. * Por Edgardo Depetri, diputado nacional del Frente para la Victoria-PJ

Los diputados nacionales del Bloque FPV-PJ reiteramos nuestro más rotundo rechazo a las conductas antidemocráticas del presidente Mauricio Macri, quien ha decidido anular por decreto al AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) y modificar la Ley de Medios, cuya única finalidad es seguir contando con favores del Grupo Clarín. La nueva alianza Cambiemos consumó hoy en la Cámara de Diputados el atropello contra las instituciones que denunciamos en diciembre pasado, cuando nos movilizamos a la sede de la AFSCA en reacción a la firma del decreto por parte de Macri. El oficialismo cree que un decreto es más que una ley, y esto nos preocupa porque estamos frente a una alianza que no vacila en llevarse por delante lo que sea con tal de alcanzar sus objetivos. No se puede tapar el sol con las manos: Cambiemos está gobernando para los grupos mediáticos concentrados, entre ellos Clarín, que acompaña y alienta la agenda política del gobierno.

En la mañana de hoy, el diputado nacional Darío Martínez (FpV-PJ) presentó una denuncia en los Tribunales Federales de Comodoro Py para que sea la Justicia Penal la que investigue si el Presidente Macri cometió ilícitos en su participación en las sociedades offshore que divulgó la investigación Panamá Papers. El legislador neuquino dijo que presentó la denuncia ante el Juzgado Correccional y Criminal Federal n° 7 para que sea la justicia penal la que investigue si Mauricio Macri -en su condición de vicepresidente o director de las sociedades Fleg Trading LTD y/o Kagemusha S.A. y como presidente de Boca Juniors- y Néstor Grindetti -usando el poder especial para manejar la empresa Mercier International- conocieron, colaboraron, decidieron o aprobaron maniobras de lavado de dinero o evasión impositiva. Martínez expresó que “está clara, comprobada y admitida la participación del presidente Macri como director y vicepresidente de dos sociedades en Bahamas y Panamá, que son paraísos fiscales que habitualmente se usan para el banqueo de capitales y evasión de impuestos”. El legislador señaló que “la investigación periodística expuso también que Néstor Grindetti, actual Intendente de Lanús, ex ministro de Hacienda de la administración Macri en la ciudad y ex ejecutivo del grupo SOCMA-SIDECO, en épocas en que Mauricio Macri era gerente general o presidente, también tiene estrecha vinculación con una sociedad registrada en Panamá, con cuentas en Suiza.” El diputado neuquino agregó que “por si esto no alcanza, el actual presidente del club Boca Junior Daniel Angelici afirmó que las cuentas que tiene esa institución en paraísos fiscales son usadas por Boca para realizar transferencias, y que tal operatoria y antigüedad de las cuentas viene de hace más de 20 años, curiosamente cuando el actual presidente de la Nación era presidente de esa institución.” Martínez explicó que “no alcanzan las vagas aclaraciones dadas oficialmente hasta el momento, y como Laura Alonso, titular de la oficina anticorrupción que debería investigar hasta el esclarecimiento, salió inmediatamente en defensa pública del presidente Macri, se hace imprescindible la acción de la Justicia”.

El presidente del bloque FpV-PJ, Héctor Recalde, presentó hoy un proyecto de ley tendiente a modificar la conducción de la Oficina Anticorrupción (OA), para que el organismo quede en manos de un funcionario designado por la primera minoría opositora y que además cumpla con la condición de ser abogado. La iniciativa establece que “la conducción, representación y administración de la Oficina Anticorrupción será ejercida por el secretario de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, quien será nombrado a propuesta del bloque parlamentario con mayor cantidad de legisladores por parte de la oposición (primera minoría) con rango y jerarquía de secretario”. Asimismo, establece la designación de un subsecretario en representación de la segunda minoría de la oposición, y dispone que ambos funcionarios deberán “poseer título universitario de abogado, sólida formación académica, antecedentes profesionales calificados y una reconocida trayectoria democrática y republicana". “Este es un detalle no menor que creemos que fue un error pues se buscó adecuar al cargo a una persona, en vez de seleccionar a un profesional idóneo que cumpliera los requisitos que ya estaban establecidos legalmente”, explica Recalde. En los fundamentos, el diputado afirma que debería seguirse un criterio similar al de la Auditoria General de la Nación, que por la reforma constitucional de 1994 tiene a la cabeza al representante propuesto por el principal partido de la oposición. Además, señala que en las causas donde puedan investigarse hechos ocurridos en un gobierno que actualmente sea oposición, deberá intervenir el subsecretario, para evitar que ninguna fuerza termine autoauditándose.

Una interesante nota publicada por el portal del oficialista Grupo Clarín el 5 de febrero, durante las negociaciones con los fondos buitre, revelaba que según “fuentes oficiales” el gobierno de Macri había “propuesto una quita en torno del 40 por ciento sobre los intereses a devolver a los acreedores” y que la estrategia “apunta a obtener una mayor quita a cambio de pagar en efectivo”. Otro medio publicaba exactamente la misma cifra el mismo día. Ambos calificaban a la oferta de “agresiva”. Pero el misterio se develó al día siguiente, cuando finalmente se conoció la oferta oficial que firmó Macri. La realidad resultó decepcionante: el pago sería en efectivo pero el “descuento” llegaría sólo al 25 por ciento. Así, la oferta de Macri consiste en pagar en efectivo 6500 millones de dólares sobre la sentencia de Griesa. En un solo día se habían perdido 1100 millones de descuento, siempre según fuentes oficiales. Es cierto que ya nadie utilizaba el adjetivo “agresiva” para calificar a la oferta, aunque los medios oficialistas tampoco se atrevieron a llamarla por su nombre: “vergonzosa”. Algunos podrían llamarla “generosa” aunque la generosidad se ejerce con la plata de uno y, en este caso, se trata de la de todos los argentinos. De todos modos, como mostraremos, tampoco sería “agresivo” conseguir un descuento del 40 por ciento. Muchos recordarán las complicadas condiciones en las que se llevó adelante la negociación con los fondos buitre en julio de 2014. La Suprema Corte de Estados Unidos acababa de rechazar el caso de Argentina contra los buitres. Se había creado una enorme presión para que Argentina pagara lo que Griesa había determinado. Si no lo hacía, se decía que el país iba a caer en un default como el de 2001, el riesgo país se dispararía y los acreedores pedirían la aceleración de toda la deuda externa, también la reestructurada. Tal como sostuvimos entonces, nada de eso ocurrió. Pero lo que quiero resaltar es que en esas condiciones, las peores para una Argentina asediada por advertencias y amenazas de todo tipo, los fondos buitres llevaron una oferta a la mesa. La oferta consistía en darnos un descuento del 15 por ciento y cobrar en bonos de largo plazo, no en efectivo. Ante la firme postura de nuestro gobierno, Y más adelante tiempo después, ofrecieron, a través de terceros, ofrecieron un descuento todavía mayor: 30 por ciento y en bonos, es decir, como se dice vulgarmente, en papelitos y no en dólares contantes y sonantes. ¿Por qué se rechazó la oferta? En primer lugar, hay que aclarar sobre qué monto se realizaba el descuento ofrecido por los buitres. Cuando Néstor Kirchner negoció con los acreedores la salida del default, ofreció 35 centavos por cada dólar. La de Néstor sí era una oferta realmente agresiva, pero respondía a criterios fáciles de comprender. Del mismo modo, cuando fundió la compañía norteamericana Enron los acreedores recibieron entre 14 y 18 centavos por dólar. En el caso de Argentina, los acreedores le habían prestado al país durante la década de los ‘90 a tasas altísimas participando de una verdadera timba. Esas tasas eran tan altas justamente porque había un riesgo cierto de default. El neoliberalismo sobreendeudó al país y después no pudo pagar. Cuando el default ocurrió, lo justo era “compartir” los costos. El acuerdo fue aceptado por 93 por ciento de los acreedores, que así se aseguraban además que Argentina pudiera pagar sus compromisos, como hizo puntualmente en los años siguientes. Como decía Néstor, había que crecer para poder pagar. Y así sucedió. Si Néstor ofreció 35 centavos por cada dólar, Griesa pretende que Argentina pague 4 dólares por cada dólar. Pero además, hay que tener en cuenta que los buitres pagaron sólo 25 centavos por cada dólar, porque nunca le prestaron plata a Argentina sino que compraron los títulos después del default e incluso después de la reestructuración con el expreso propósito de buscar un juez que les dé la razón. La sentencia de Griesa cumple ese objetivo y les otorga una ganancia de 1600 por ciento, que con el descuento que ofrece el gobierno de Macri se reduciría a ... ¡1200 por ciento! Un disparate. En síntesis, con la propuesta de Macri, los buitres cobrarían 6500 millones cuando apostaron cerca de 500 millones, es decir, 3 dólares por cada dólar. Como se ve, no se está pagando por el juicio del siglo sino que el gobierno de Macri estaría convalidando la estafa del siglo. ¿Cuál es el riesgo de pagarle a los buitres “lo que dice Griesa”? El 93 por ciento que entró a la reestructuración de buena fe, aceptó una quita del 65 por ciento. Si ahora Argentina levanta la ley cerrojo y le paga a los buitres lo que piden con un módico descuento, no sería para nada extraño que en breve aparezcan bonistas que reclamen el mismo tratamiento que recibieron los buitres. Tampoco sería raro que un juez, con mejor criterio que Griesa, reconozca que el tratamiento debe ser equitativo entre los acreedores, multiplicando toda la deuda de Argentina por dos o por tres. Por eso, el único acuerdo con los buitres que no compromete el futuro del país es que acepten cobrar lo mismo que el 93 por ciento. No es un mal negocio. Considerando los intereses acumulados en estos años los fondos buitre obtendrían una ganancia superior al 300 por ciento sobre lo que realmente pagaron por los bonos. No está de más citar la opinión de un “experto” que en 2013 presentó un escrito como amicus curiae apoyando a Argentina ante la Justicia norteamericana y contra el fallo de Griesa: “¿cuán justo puede ser para los buitres (holdouts) tener un trato mejor, incluso un centavo más que lo que ya se distribuyó (al 93 por ciento)?”. El autor del facsímil no es otro que el actual ministro de Hacienda, Alfonso de Prat-Gay, que criticaba cualquier arreglo que reconozca para los buitres más que lo que recibieron los acreedores reestructurados. Aunque hoy sostenga lo contrario, tenía razón: pagar de más no es justo, pero tampoco es conveniente y además es extremadamente riesgoso. Probablemente el resultado de la negociación sea hasta el momento tan desfavorable para Argentina porque el gobierno de Macri muestra un indisimulable apuro por llegar a un acuerdo, lo cual no es precisamente una buena estrategia de negociación. Como lo ven casi desesperado, le piden más. Los buitres, en cambio, saben y pueden esperar. Lo triste es que el apuro para negociar proviene de un motivo mucho más profundo y también mucho más peligroso: el plan de Macri parece ser endeudar nuevamente al país. Tal vez por eso nombró tantos funcionarios de la banca extranjera. Y tomar deuda es hoy posible, precisamente, porque después de 12 años de esfuerzo Argentina está desendeudada. Con trabajo, con industria, con crecimiento, con inclusión y sin deuda. Mantener esos derechos parece ser para algunos una pesada herencia. * Axel Kicillof - Ex ministro de Economía y actual diputado nacional por el FpV.

El bloque FpV-PJ propuso una moción de orden para suspender la sesión donde se debate el acuerdo con los fondos buitre, y así convocar a una consulta popular para que el pueblo decida si está de acuerdo con la propuesta del gobierno. La propuesta fue rechazada por 165 votos contra los 84 sufragios de los diputados del interbloque (la totalidad de sus integrantes). "La democracia es aquella en la que se hace lo que el pueblo quiere", remarcó el presidente del bloque, Héctor Recalde.

Derogar la Ley Cerrojo es abrir la puerta a otro Ciclo de Endeudamiento Externo. Esto no fue una negociación: a fondos como DART, se le pagará el 100% de lo que pedían. Al 7% que especuló contra Argentina se le va a pagar 10 veces más que al 93% que apostó por el país. De hecho, en nada más que 80 días, el macrismo va a emitir bonos por un valor equivalente al 50% de lo que se emitió para pagarle al otro 93%. Son USD 15.000mill, que según Prat-Gay es “nada más que el 2% del PIB”. Pero es la mitad de las reservas internacionales del país. Luego de 12 años de crecimiento con inclusión social, la deuda externa que “heredó” Macri es de USD 40.000mill. En nada más que 80 días el Macrismo va a incrementar en un 50% esa deuda, con los USD 5.000mill que ya tomó como deuda el Banco Central más los USD 15.000mill que se van a usar para pagar a los fondos buitres. El Macrismo se va a tomar 7 meses para calcular la inflación, pero tardó nada más que 80 días en resolver el “juicio del siglo”, pagando exactamente lo que pidió Griesa. El pago a los fondos buitres significa hipotecar el futuro de todos los argentinos, puesto que no sería raro que apareciera otro Griesa que dijera que Argentina tiene que ser justo con el restante 93% de los acreedores y pagarles lo mismo que ahora se le reconoce al 7%. Con este arreglo, el fondo de Paul Singer que acosó permanentemente a nuestro país tendrá una ganancia de 1.500%. Lo que le reclamaba a Griesa era una ganancia de 1.600%. El acuerdo es incluso peor que lo que le habían ofrecido a nuestro gobierno, puesto que en ese momento los buitres ofrecían una quita del 30% y cobrar en bonos, no en efectivo. *Por Emmanuel Álvarez Agis - Ex viceministro de Economía de la Nación

En mi carácter de Presidente del bloque de Diputados Nacionales del Frente para la Victoria - PJ, vengo a presentar la cuestión una cuestión de privilegio, atento que es incuestionable que el Frente para la Victoria -PJ tiene derecho a que un representante de su bloque continúe el mandato iniciado en noviembre de 2014, además sigue siendo el bloque más grande de la Cámara, la primera minoría del Cuerpo, que las maniobras ilegales que llevó a cabo el oficialismo para alcanzar la mayoría en ese cuerpo y las gravísimas secuelas que pueden irradiarse hacia las provincias en el caso que se consumen. El 18 de noviembre de 2014 juró el Diputado Nacional Eduardo De Pedro como Consejero en representación del bloque Frente para la Victoria con un mandato que se extendía hasta el año 2018, conforme lo establece el art. 3 de la ley 24937. Sin embargo, su desempeño cesó el 26 de febrero de 2015 cuando asumió como Secretario General de la Presidencia de la Nación, asumiendo en su reemplazo la entonces Diputada Nacional Anabel Fernández Sagasti, cuyo mandato se extendió hasta el 10 de diciembre de 2015, fecha en la que concluyó su mandato como Diputada de la Nación para asumir como Senadora de la Nación por la provincia de Mendoza. Para el reemplazo correspondiente nuestro bloque designó al Diputado Nacional Marcos Cleri, decisión que fue comunicada al Presidente de la Cámara, Emilio Monzó, el día 15 de diciembre pasado. Sin embargo, acudiendo a argucias y falsedades, y en franca violación a la ley 24937, a través de la Resolución Presidencial (RP) 1255/2015 Monzó resolvió designar al Diputado Nacional Pablo Tonelli, del bloque Propuesta Republicana (PRO), haciendo lugar a una presentación de un denominado “Acuerdo Parlamentario” suscripto por distintos bloques e interbloques de la Cámara a los que consideró la “nueva primera minoría” del Cuerpo. La resolución desconoce dos disposiciones de la ley 24937 que rigen el proceso de designación de los Consejeros Legisladores: que al bloque mayoritario de cada Cámara le corresponde designar dos Consejeros (art. 2 inc. 2) y que el mandato de ambos Consejeros dura cuatro años, previéndose expresamente que para el caso que cesaran en ese carácter serán reemplazados por suplentes o por los nuevos reemplazantes que designen los cuerpos que los eligieron para completar el mandato respectivo (art. 3). En el caso, es incuestionable que el Frente para la Victoria tiene derecho a que un representante de su bloque continúe el mandato iniciado en noviembre de 2014, sino que además sigue siendo el bloque más grande de la Cámara, la primera minoría del Cuerpo, posición que fue acompañada y defendida públicamente por el diputado Sergio Massa, del bloque Frente Renovador, acerca de que el Consejero le corresponde a nuestro bloque. El Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó subrogó ilegalmente la voluntad de nuestro bloque con el propósito de despojarlo del Consejero que por derecho nos corresponde, maniobra que de momento no pudo consumarse por vaias medidas cautelares dictadas por la justicia federal de La Pampa, Santa Cruz, Tucumán y Córdoba que resolvieron suspender los efectos de la RP 1255/2015. En un contexto como el actual, en el que se advierte un brutal avasallamiento por parte del oficialismo de los principios constitucionales que consagran el federalismo como forma de gobierno en nuestro país, una “mayoría automática” en el órgano de selección y remoción de los Jueces de la Nación resiente cualquier defensa que desde las provincias pueda ensayarse. En este contexto, el bloque de Diputados Nacionales del Frente para la Victoria - PJ entiende indispensable que se revea la situación, plantea la cuestión de privilegio y lleve adelante las medidas políticas que considere conducentes para aportar a la resolución de una cuestión que afecta la plena vigencia del Estado de Derecho en nuestro país.

El ex presidente del Banco Central Juan Carlos Fábrega habría revelado ayer la “historia secreta del acuerdo que fracasó” para cerrar el conflicto con los buitres en julio de 2014. Según esta versión, el acuerdo ya estaba cerrado cuando entonces “apareció Kicillof y les dijo a los bancos que sólo les reconocería el valor del canje de 2005 (...) Era imposible cerrar la operación en esas condiciones y finalmente entramos en default técnico”. Además, de acuerdo a Fábrega, aquella solución era “razonable”, aunque aclara “tenía razón Kicillof en que el gobierno no podía mejorar la propuesta a los holdouts por la RUFO. Pero esto era un acuerdo entre privados”. Evidentemente, al ex presidente del Central le falla la memoria. Dado que formé parte de esas negociaciones, es interesante aclarar por qué razón fracasó el acuerdo propuesto por bancos privados argentinos. En primer lugar, interesa recordar que todos los funcionarios del gobierno involucrados en la operación fuimos claros respecto a nuestra posición de un acuerdo entre privados. En mi caso, declaré al diario Ambito Financiero que “cualquier solución por parte de terceros que contribuya a una solución estamos a favor, pero sin ningún tipo de participación nuestra, para no arriesgar que se dispare la cláusula RUFO”. Cabe recordar que hasta el 31 de diciembre de 2014 estaba vigente la cláusula RUFO que establecía que si Argentina pagaba a los buitres algo más que lo que había pagado en los canjes de 2005 y 2010, debería pagarle lo mismo al 93 por ciento de los bonistas reestructurados. Violar la cláusula RUFO hubiera implicado que Argentina pagara a sus bonistas la friolera de 500.000 millones de dólares. El 29 de julio de 2014 fue un día agitado. Axel se encontraba en Nueva York haciendo una oferta de 300 millones a los fondos buitres y exigiendo al mediador que nos permitiera negociar con la totalidad del 7 por ciento que no habían ingresado a los canjes. Mi teléfono sonó a las 6.15 AM y me sorprendió que el llamado no fuera del entonces ministro, sino de las autoridades de Seguros de Depósitos SA (Sedesa) para decirme que el acuerdo propuesto por los bancos privados para conseguir una medida cautelar otorgada por los buitres a favor de Argentina requería de la participación de esta institución. La forma en la cual Sedesa debía participar no era clara y por esa razón pedí a sus autoridades que me informaran en detalle de la operación. Luego de eso, hablé con el entonces jefe de Gabinete, Capitanich, como era habitual todas las mañanas, y le comenté sobre esta situación. El jefe de Gabinete me dijo que la solución de los bancos privados no requería de la participación de ningún ente estatal y que, por tanto, averiguara qué estaba pasando. Sedesa es una sociedad anónima creada en 1995 por el decreto 540/95 con el objeto exclusivo de ejercer las funciones de fiducario del Fondo de Garantía de los Depósitos (FGD). Por esa razón, para entender qué es Sedesa basta con comprender cuál es el objetivo del FGD. El objetivo del FGD es garantizar los depósitos bancarios que tienen todos los argentinos en el sistema financiero. Para cumplir con esta función el FGD se nutre con el aporte mensual de los bancos, cuya cuota se determina en función de los depósitos con los que cuentan. Si un banco quiebra, los depósitos son cubiertos por el FGD y de esta manera los ahorristas pueden recuperar su dinero. Es decir, la plata de Sedesa, no es de los bancos ni del gobierno. Es la plata de los ahorristas argentinos. A medida que el día fue avanzando logré desentrañar, gracias a las explicaciones que, entre otros, me dio el propio Juan Carlos Fábrega, que los bancos privados pretendían usar esos fondos depositados en Sedesa para pagar los 250 millones de dólares que los fondos buitre reclamaban para otorgarnos el “stay” (medida cautelar a favor de Argentina). También hablé con representantes de los bancos privados argentinos que me aseguraron que no existían riesgos de activar la cláusula RUFO, puesto que el gobierno no estaba de manera alguna involucrado en la operación. Esta última frase llamó mi atención. Si el gobierno no estaba involucrado en la operación ¿por qué había tantas personas del sector privado y, en particular, las autoridades de Sedesa, consultándome sobre la viabilidad de la operación? La respuesta resultó sencilla: porque Sedesa es propiedad del Estado Nacional. El decreto 540/95 establece en su artículo 2: “Delégase en el Ministerio de Economía y Obras Públicas la aprobación del Acta Constitutiva y los Estatutos Sociales de Sedesa, que tendrá como socios al Banco Central de la República Argentina, con una acción como mínimo”. De hecho, el capital accionario de SEDESA asciende al millón de pesos y el Banco Central de la República Argentina es titular de la única acción clase A de esta entidad, es decir, tiene la “acción de oro”. Por tanto, el acuerdo que impulsaban los bancos era del tipo OPM: “otro pone la mosca”. El acuerdo implicaba pagarle a los buitres con el dinero de todos los argentinos y, para peor, requería que el Estado Nacional autorizara esta operación. Tal acción no sólo hubiera disparado la cláusula RUFO, sino que además habría resultado en que el Banco Central perdiera la causa que le iniciaron los fondos buitres por ser el alter ego del Estado Nacional. Este diagnóstico no era sólo mío, sino que fue confirmado a lo largo del día por el área legal del Ministerio de Economía e incluso por el área de legales del propio Banco Central, que recomendaba fervientemente no realizar tal operación. Ante el claro riesgo de generar un perjuicio económico de 500.000 millones de dólares para nuestro país, informé de esta situación al presidente del Banco Central, al jefe de Gabinete, al ministro de Economía, e incluso mantuve una charla telefónica con la Presidenta, quien me dio una clara instrucción: me dijo que si eran los propios bancos privados los que ponían plata propia, entonces que era una transacción entre privados. Si la plata es de ellos, entonces el gobierno no tiene nada que ver y tampoco podría oponerse. El Estado no ponía nada ni se involucraba en la transacción y, por tanto, no violaba la cláusula RUFO. Al mediodía me comuniqué con un director de uno de los bancos privados argentinos más grandes de nuestro país que se encontraba en ese momento en Nueva York manteniendo negociaciones con los buitres, para explicarle que la posición del gobierno consistía en no involucrarse dado el riesgo de la RUFO. Comprendió mis razones y, de hecho, estuvo de acuerdo en que la participación de Sedesa no era una buena idea. Me informó también que estaba realizando gestiones para conseguir los 250 millones de dólares mediante un crédito con bancos extranjeros. Le pedí que me mantuviera al tanto de la negociación. Finalmente, a las 11.30 PM de ese día mantuve mi última conversación con el directivo del banco. Me confesó que estaba abatido. “Nos cagaron los buitres. Nos corrieron el arco”, fue su frase. Cuando los bancos estaban a punto de conseguir los 250 millones de dólares, los buitres les informaron que ese dinero no aseguraba el otorgamiento del stay, sino que para esto último los bancos argentinos debían depositar la totalidad del reclamo en una cuenta a nombre de los buitres: 1600 millones de dólares. Terminaba así la negociación de los privados. Me comuniqué nuevamente con el ministro, el jefe de Gabinete y el presidente del Banco Central y les informé sobre esta situación y me dispuse a terminar uno de los días más largos de mi gestión. Resulta llamativo que el ex presidente del Banco Central no recuerde estos “detalles” que casi le cuestan al país 500.000 millones de dólares. Nunca me enteré que ese día Juan Carlos le había presentado la renuncia a la presidenta. Más bien me dio la sensación de que la presidenta lo echaba el 30 de septiembre de 2014, cuando en cadena nacional se quejaba de la existencia de unos 80.000 sumarios financieros que el Banco Central no gestionaba y de la filtración de información privilegiada a un grupo de bancos que conocieron con antelación la obligación de vender dólares estipulada unos días después por el Banco Central, hecho que generó abultadas ganancias. El acuerdo ofrecido por los bancos no era un buen acuerdo si incluía la participación de Sedesa. Utilizaba los ahorros de todos los argentinos para pagarle a los buitres y, para peor, el Estado debía participar de esa operación y gatillaba la RUFO por 500.000 millones de dólares. Ni los ahorros de todos los argentinos hubieran alcanzado para afrontar semejante deuda. Esperemos que la historia no se repita una vez más y que los argentinos tengamos que pagar con nuestros ahorros, con nuestro trabajo y con nuestro futuro la rendición incondicional a los buitres que propone ahora Cambiemos. *Por Emmanuel Álvarez Agis - Ex viceministro de Economía de la Nación

El gobierno actual le ha puesto fecha de vencimiento al proceso de desendeudamiento que permitió que nuestro país se pusiera de pie: 14 de abril. Esa es la fecha que dispuso el "nuevo presidente del parlamento", el juez Thomas Griesa. Si Argentina no deroga la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano, se cae el acuerdo con los buitres y, con ello, la posibilidad de abrir un nuevo ciclo de endeudamiento externo, única posibilidad que concibe el nuevo gobierno para crecer y reducir la inflación. Esta historia ya la conocemos. El Gobierno buscará dólares cueste lo que cueste. Si los consigue, financiará sus gastos corrientes mediante el crecimiento de una nueva bola de nieve de deuda externa. Y esos dólares se destinarán a las manos de unos pocos trabajadores que podrán consumir productos importados a precios de dumping, gracias a la explotación de los trabajadores del resto del mundo, y al creciente desempleo de sus pares en las pymes que durante estos 12 años pudieron desarrollarse gracias al crecimiento, la inclusión social y la administración del comercio exterior. Cuando el norte nos suelte la mano, la megadevaluación impondrá el ajuste sobre el poder adquisitivo que se postergaba mientras entraban los dólares. El bloque del FpV-PJ conoce bien las mañas de estos carroñeros internacionales. Nuestro proyecto no realizó una propuesta a los buitres hasta el año 2015, no por ideología o capricho, sino porque la cláusula RUFO hubiera derribado los canjes de 2005 y 2010 y, como en el Juego de la Oca, nuestro país habría vuelto a la casilla de largada: el año 2001. Vencida la cláusula RUFO, nuestra oferta tuvo como pilar la equidad con el 93% que sí aceptó acordar con Argentina. Fue entonces que se ofrecieron u$s 300 millones, en línea con los canjes de 2005 y 2010, y se puso como condición negociar con todos los buitres juntos. Hoy entendemos por qué nuestra negociación no prosperó: con solo esperar 12 meses, los buitres podían obtener 15 veces más de las manos de Macri. La oferta realizada por el macrismo no solo le permitirá a los buitres obtener una ganancia del 1.500%. También niega los principios jurídicos en materia de deuda externa votados por 136 países en la ONU. Además, la fecha de vencimiento del 14 de abril estipulada por Griesa pone a la Argentina de rodillas frente al mercado financiero internacional. Bajo esta situación, nuestro país deberá acudir a los mercados financieros internacionales, tal y como lo señala el diario especializado The Financial Times, para hacer la emisión de deuda más grande que haya realizado un país en desarrollo en los últimos 20 años. Saldremos a buscar u$s 15.000 millones que no tocarán el suelo argentino puesto que, así como entran, van a parar a las garras de los buitres, diciéndole a todo el mercado que si no los conseguimos, el 14 de abril el Banco Central verá caer sus reservas internacionales a la mitad. No es un megacanje ni tampoco un blindaje: es un megablindaje. El desendeudamiento junto con la notable baja del desempleo (5,7%) son sin lugar a dudas el mejor aspecto de la "herencia" que recibió el actual presidente. Desde el FpV queremos que nuestro país cierre para siempre el capítulo del default. Pero la solución no puede ser nunca peor que el problema. En este sentido, negociar apurados es negociar mal. El FpV está a disposición para contribuir a que Argentina consiga el mejor acuerdo posible con los buitres y, por ello, presentamos en Diputados nuestra propuesta. Debemos procurar que el 93% no consiga otro juez Griesa que les reconozca el 1.500% de ganancia que Macri está a punto de otorgarles a los buitres. El actual gobierno se tomará 7 meses para calcular la inflación. Estamos seguros entonces que 10 días no es un plazo razonable para resolver el "juicio del siglo". *Por Héctor P. Recalde - Presidente del bloque Frente para la Victoria - PJ