El diputado nacional por la Coalición Cívica ARI, Fernando Sánchez aseguró esta tarde durante el debate en la Cámara de Diputados, que “venimos a resolver un problema que no creamos, pero que nos va a ayudar a solucionar problemas mayores”. “No vamos a dejar que nadie nos dicte una ley y por eso hoy estamos discutiéndola acá. No vamos a ceder nada de lo que corresponda a nuestra Nación decidir, pero tampoco vamos a ser insensatos con la responsabilidad que nos toca”, agregó “Es necesaria la derogación de esta Ley Cerrojo porque ningún juez de ningún tribunal puede obligar a violar una ley argentina, pero sí estamos obligados a cumplir una sentencia, aún con la quita que se ha logrado. Por lo tanto, hoy necesitamos remover esta norma que es un problema para la Argentina, y que cuenta con una sentencia firme en los tribunales en los que nuestro país ha aceptado litigar”, señaló Sánchez. “Quienes hoy están en la oposición no quieren que se resuelva este problema de deuda que hemos heredado y sostienen que el acuerdo no es bueno; es fácil decirlo ahora, tendrían que haber propuesto una negociación cuando estaban a cargo del gobierno, pero no lo pudieron hacer. La historia juzgará por qué no lo pudieron hacer, si es por falta de capacidad, si es para quedarse con una bandera determinada o porque convenía mantener el conflicto antes que solucionarlo”, afirmó el legislador de la CC ARI.

El bloque FpV-PJ propuso una moción de orden para suspender la sesión donde se debate el acuerdo con los fondos buitre, y así convocar a una consulta popular para que el pueblo decida si está de acuerdo con la propuesta del gobierno. La propuesta fue rechazada por 165 votos contra los 84 sufragios de los diputados del interbloque (la totalidad de sus integrantes). "La democracia es aquella en la que se hace lo que el pueblo quiere", remarcó el presidente del bloque, Héctor Recalde.

Estamos debatiendo en estos momentos el proyecto del Ejecutivo nacional que deroga la Ley Cerrojo y modifica la Ley de Pago Soberano. Trabajando, tal el mandato que nos dieron nuestros electores, analizando todos los discursos sustentando las distintas posiciones y repasando los fundamentos de nuestra posición. Mientras, me parece importante dejar algunas cosas en claro, como presidente del Bloque Justicialista en la Cámara de Diputados. Ni el acuerdo con los fondos buitre es la solución de todos los males de la Argentina, ni significa la entrega de la soberanía como plantean otros. Vivimos una situación interna complicada, producto de las políticas que ha aplicado este Gobierno, pero además una situación internacional difícil y compleja. Por eso, el rol que tenemos en la Cámara de Diputados debemos asumirlo con la mayor de las responsabilidades. Por ello, impulsamos antes del debate, cuestión que fue incorporada al texto de la iniciativa, la necesidad de poner un límite al endeudamiento, porque no queremos que esta ley sea un cheque en blanco. Y además, también a propuesta de nuestro bloque, los informes en relación a la deuda serán mensuales en lugar de semestrales, tal como lo establecía el proyecto original. En tanto, seguimos trabajando en otras propuestas para mejorar la iniciativa mientras se desarrolla la sesión en la Cámara.

Hoy es un día importante para salir de un tema que la Argentina viene arrastrando desde hace 14 años. No salimos a galopar endeudamiento para gastos corrientes sino para resolver un problema. Lo más significativo es que varios bloques opositores hicieron propuestas de modificaciones y fueron incorporadas al proyecto original. Hemos logrado un consenso en lo central de la ley El proyecto de normalización de la deuda que discutirá hoy la Cámara de Diputados, en el marco de una sesión especial, tiene como puntos centrales la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, y la autorización al gobierno para emitir deuda para cancelar el pago a los fondos buitre. Los puntos centrales, entro otros, son los siguientes: se derogan las leyes Cerrojo y de Pago Soberano que impedían realizar ofertas por encima de los montos abonados a los bonistas que ingresaron en los canjes de 2005 y 2010. Por ejemplo, Se autoriza a emitir títulos por plazos de 5,10 y 15 años por los cuales se abonarán tasas promedios del 7% para obtener el efectivo necesario para cancelar en efectivo la deuda con los tenedores de títulos en situación de default. Además, el pago de comisiones a los bancos que participarán de la operatoria no podrá superar el 0,20 por ciento. Destaco que el gobierno deberá informar trimestralmente el avance de las tratativas y los acuerdos a los que se arribe durante el proceso de negociación.Va a haber un límite al endeudamiento, se tienen que levantar las restricciones judiciales y se crea una comisión bicameral de endeudamiento. Hoy pueden ver la sesión en directo desde mi página web www.marionegri.com.ar o desde la página de la HCDN.

El martes 15 desde el mediodía llevaremos adelante la primera sesión especial del año en el recinto del a Cámara de Diputados. Después de tratar durante tres días en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas junto a los diputados de las diversas fuerzas políticas representadas en la Cámara y con la presencia de los funcionarios de economía y hacienda del gobierno nacional, más la presencia de economistas invitados por todo el arco político el Interbloque de diputados Cambiemos que presido, consideramos el mensaje 436 del Poder Ejecutivo y logramos el dictamen de mayoría mediante el cual se propicia la adopción de diversas medidas tendientes a cancelar la deuda en cesación de pagos desde el año 2001, a la vez que procura garantizar el cobro de las acreencias de los distintos bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y de 2010, regularizando de este modo la situación de la totalidad de los títulos públicos involucrados en condiciones justas y razonables y restaurando el crédito de la República Argentina. Se pone en marcha un nuevo Congreso: se terminó la escribanía del gobierno y el dictamen de ayer refleja acuerdos y modificaciones que aportaron el Frente Renovador y el Partido Justicialista. En los próximos días ingresarán proyectos vinculados a temas sociales referidos a la asignación Universal por Hijo y su ampliación, como lo referido al descuento del IVA de la canasta familiar de los sectores populares.

Derogar la Ley Cerrojo es abrir la puerta a otro Ciclo de Endeudamiento Externo. Esto no fue una negociación: a fondos como DART, se le pagará el 100% de lo que pedían. Al 7% que especuló contra Argentina se le va a pagar 10 veces más que al 93% que apostó por el país. De hecho, en nada más que 80 días, el macrismo va a emitir bonos por un valor equivalente al 50% de lo que se emitió para pagarle al otro 93%. Son USD 15.000mill, que según Prat-Gay es “nada más que el 2% del PIB”. Pero es la mitad de las reservas internacionales del país. Luego de 12 años de crecimiento con inclusión social, la deuda externa que “heredó” Macri es de USD 40.000mill. En nada más que 80 días el Macrismo va a incrementar en un 50% esa deuda, con los USD 5.000mill que ya tomó como deuda el Banco Central más los USD 15.000mill que se van a usar para pagar a los fondos buitres. El Macrismo se va a tomar 7 meses para calcular la inflación, pero tardó nada más que 80 días en resolver el “juicio del siglo”, pagando exactamente lo que pidió Griesa. El pago a los fondos buitres significa hipotecar el futuro de todos los argentinos, puesto que no sería raro que apareciera otro Griesa que dijera que Argentina tiene que ser justo con el restante 93% de los acreedores y pagarles lo mismo que ahora se le reconoce al 7%. Con este arreglo, el fondo de Paul Singer que acosó permanentemente a nuestro país tendrá una ganancia de 1.500%. Lo que le reclamaba a Griesa era una ganancia de 1.600%. El acuerdo es incluso peor que lo que le habían ofrecido a nuestro gobierno, puesto que en ese momento los buitres ofrecían una quita del 30% y cobrar en bonos, no en efectivo. *Por Emmanuel Álvarez Agis - Ex viceministro de Economía de la Nación

En mi carácter de Presidente del bloque de Diputados Nacionales del Frente para la Victoria - PJ, vengo a presentar la cuestión una cuestión de privilegio, atento que es incuestionable que el Frente para la Victoria -PJ tiene derecho a que un representante de su bloque continúe el mandato iniciado en noviembre de 2014, además sigue siendo el bloque más grande de la Cámara, la primera minoría del Cuerpo, que las maniobras ilegales que llevó a cabo el oficialismo para alcanzar la mayoría en ese cuerpo y las gravísimas secuelas que pueden irradiarse hacia las provincias en el caso que se consumen. El 18 de noviembre de 2014 juró el Diputado Nacional Eduardo De Pedro como Consejero en representación del bloque Frente para la Victoria con un mandato que se extendía hasta el año 2018, conforme lo establece el art. 3 de la ley 24937. Sin embargo, su desempeño cesó el 26 de febrero de 2015 cuando asumió como Secretario General de la Presidencia de la Nación, asumiendo en su reemplazo la entonces Diputada Nacional Anabel Fernández Sagasti, cuyo mandato se extendió hasta el 10 de diciembre de 2015, fecha en la que concluyó su mandato como Diputada de la Nación para asumir como Senadora de la Nación por la provincia de Mendoza. Para el reemplazo correspondiente nuestro bloque designó al Diputado Nacional Marcos Cleri, decisión que fue comunicada al Presidente de la Cámara, Emilio Monzó, el día 15 de diciembre pasado. Sin embargo, acudiendo a argucias y falsedades, y en franca violación a la ley 24937, a través de la Resolución Presidencial (RP) 1255/2015 Monzó resolvió designar al Diputado Nacional Pablo Tonelli, del bloque Propuesta Republicana (PRO), haciendo lugar a una presentación de un denominado “Acuerdo Parlamentario” suscripto por distintos bloques e interbloques de la Cámara a los que consideró la “nueva primera minoría” del Cuerpo. La resolución desconoce dos disposiciones de la ley 24937 que rigen el proceso de designación de los Consejeros Legisladores: que al bloque mayoritario de cada Cámara le corresponde designar dos Consejeros (art. 2 inc. 2) y que el mandato de ambos Consejeros dura cuatro años, previéndose expresamente que para el caso que cesaran en ese carácter serán reemplazados por suplentes o por los nuevos reemplazantes que designen los cuerpos que los eligieron para completar el mandato respectivo (art. 3). En el caso, es incuestionable que el Frente para la Victoria tiene derecho a que un representante de su bloque continúe el mandato iniciado en noviembre de 2014, sino que además sigue siendo el bloque más grande de la Cámara, la primera minoría del Cuerpo, posición que fue acompañada y defendida públicamente por el diputado Sergio Massa, del bloque Frente Renovador, acerca de que el Consejero le corresponde a nuestro bloque. El Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó subrogó ilegalmente la voluntad de nuestro bloque con el propósito de despojarlo del Consejero que por derecho nos corresponde, maniobra que de momento no pudo consumarse por vaias medidas cautelares dictadas por la justicia federal de La Pampa, Santa Cruz, Tucumán y Córdoba que resolvieron suspender los efectos de la RP 1255/2015. En un contexto como el actual, en el que se advierte un brutal avasallamiento por parte del oficialismo de los principios constitucionales que consagran el federalismo como forma de gobierno en nuestro país, una “mayoría automática” en el órgano de selección y remoción de los Jueces de la Nación resiente cualquier defensa que desde las provincias pueda ensayarse. En este contexto, el bloque de Diputados Nacionales del Frente para la Victoria - PJ entiende indispensable que se revea la situación, plantea la cuestión de privilegio y lleve adelante las medidas políticas que considere conducentes para aportar a la resolución de una cuestión que afecta la plena vigencia del Estado de Derecho en nuestro país.

El ex presidente del Banco Central Juan Carlos Fábrega habría revelado ayer la “historia secreta del acuerdo que fracasó” para cerrar el conflicto con los buitres en julio de 2014. Según esta versión, el acuerdo ya estaba cerrado cuando entonces “apareció Kicillof y les dijo a los bancos que sólo les reconocería el valor del canje de 2005 (...) Era imposible cerrar la operación en esas condiciones y finalmente entramos en default técnico”. Además, de acuerdo a Fábrega, aquella solución era “razonable”, aunque aclara “tenía razón Kicillof en que el gobierno no podía mejorar la propuesta a los holdouts por la RUFO. Pero esto era un acuerdo entre privados”. Evidentemente, al ex presidente del Central le falla la memoria. Dado que formé parte de esas negociaciones, es interesante aclarar por qué razón fracasó el acuerdo propuesto por bancos privados argentinos. En primer lugar, interesa recordar que todos los funcionarios del gobierno involucrados en la operación fuimos claros respecto a nuestra posición de un acuerdo entre privados. En mi caso, declaré al diario Ambito Financiero que “cualquier solución por parte de terceros que contribuya a una solución estamos a favor, pero sin ningún tipo de participación nuestra, para no arriesgar que se dispare la cláusula RUFO”. Cabe recordar que hasta el 31 de diciembre de 2014 estaba vigente la cláusula RUFO que establecía que si Argentina pagaba a los buitres algo más que lo que había pagado en los canjes de 2005 y 2010, debería pagarle lo mismo al 93 por ciento de los bonistas reestructurados. Violar la cláusula RUFO hubiera implicado que Argentina pagara a sus bonistas la friolera de 500.000 millones de dólares. El 29 de julio de 2014 fue un día agitado. Axel se encontraba en Nueva York haciendo una oferta de 300 millones a los fondos buitres y exigiendo al mediador que nos permitiera negociar con la totalidad del 7 por ciento que no habían ingresado a los canjes. Mi teléfono sonó a las 6.15 AM y me sorprendió que el llamado no fuera del entonces ministro, sino de las autoridades de Seguros de Depósitos SA (Sedesa) para decirme que el acuerdo propuesto por los bancos privados para conseguir una medida cautelar otorgada por los buitres a favor de Argentina requería de la participación de esta institución. La forma en la cual Sedesa debía participar no era clara y por esa razón pedí a sus autoridades que me informaran en detalle de la operación. Luego de eso, hablé con el entonces jefe de Gabinete, Capitanich, como era habitual todas las mañanas, y le comenté sobre esta situación. El jefe de Gabinete me dijo que la solución de los bancos privados no requería de la participación de ningún ente estatal y que, por tanto, averiguara qué estaba pasando. Sedesa es una sociedad anónima creada en 1995 por el decreto 540/95 con el objeto exclusivo de ejercer las funciones de fiducario del Fondo de Garantía de los Depósitos (FGD). Por esa razón, para entender qué es Sedesa basta con comprender cuál es el objetivo del FGD. El objetivo del FGD es garantizar los depósitos bancarios que tienen todos los argentinos en el sistema financiero. Para cumplir con esta función el FGD se nutre con el aporte mensual de los bancos, cuya cuota se determina en función de los depósitos con los que cuentan. Si un banco quiebra, los depósitos son cubiertos por el FGD y de esta manera los ahorristas pueden recuperar su dinero. Es decir, la plata de Sedesa, no es de los bancos ni del gobierno. Es la plata de los ahorristas argentinos. A medida que el día fue avanzando logré desentrañar, gracias a las explicaciones que, entre otros, me dio el propio Juan Carlos Fábrega, que los bancos privados pretendían usar esos fondos depositados en Sedesa para pagar los 250 millones de dólares que los fondos buitre reclamaban para otorgarnos el “stay” (medida cautelar a favor de Argentina). También hablé con representantes de los bancos privados argentinos que me aseguraron que no existían riesgos de activar la cláusula RUFO, puesto que el gobierno no estaba de manera alguna involucrado en la operación. Esta última frase llamó mi atención. Si el gobierno no estaba involucrado en la operación ¿por qué había tantas personas del sector privado y, en particular, las autoridades de Sedesa, consultándome sobre la viabilidad de la operación? La respuesta resultó sencilla: porque Sedesa es propiedad del Estado Nacional. El decreto 540/95 establece en su artículo 2: “Delégase en el Ministerio de Economía y Obras Públicas la aprobación del Acta Constitutiva y los Estatutos Sociales de Sedesa, que tendrá como socios al Banco Central de la República Argentina, con una acción como mínimo”. De hecho, el capital accionario de SEDESA asciende al millón de pesos y el Banco Central de la República Argentina es titular de la única acción clase A de esta entidad, es decir, tiene la “acción de oro”. Por tanto, el acuerdo que impulsaban los bancos era del tipo OPM: “otro pone la mosca”. El acuerdo implicaba pagarle a los buitres con el dinero de todos los argentinos y, para peor, requería que el Estado Nacional autorizara esta operación. Tal acción no sólo hubiera disparado la cláusula RUFO, sino que además habría resultado en que el Banco Central perdiera la causa que le iniciaron los fondos buitres por ser el alter ego del Estado Nacional. Este diagnóstico no era sólo mío, sino que fue confirmado a lo largo del día por el área legal del Ministerio de Economía e incluso por el área de legales del propio Banco Central, que recomendaba fervientemente no realizar tal operación. Ante el claro riesgo de generar un perjuicio económico de 500.000 millones de dólares para nuestro país, informé de esta situación al presidente del Banco Central, al jefe de Gabinete, al ministro de Economía, e incluso mantuve una charla telefónica con la Presidenta, quien me dio una clara instrucción: me dijo que si eran los propios bancos privados los que ponían plata propia, entonces que era una transacción entre privados. Si la plata es de ellos, entonces el gobierno no tiene nada que ver y tampoco podría oponerse. El Estado no ponía nada ni se involucraba en la transacción y, por tanto, no violaba la cláusula RUFO. Al mediodía me comuniqué con un director de uno de los bancos privados argentinos más grandes de nuestro país que se encontraba en ese momento en Nueva York manteniendo negociaciones con los buitres, para explicarle que la posición del gobierno consistía en no involucrarse dado el riesgo de la RUFO. Comprendió mis razones y, de hecho, estuvo de acuerdo en que la participación de Sedesa no era una buena idea. Me informó también que estaba realizando gestiones para conseguir los 250 millones de dólares mediante un crédito con bancos extranjeros. Le pedí que me mantuviera al tanto de la negociación. Finalmente, a las 11.30 PM de ese día mantuve mi última conversación con el directivo del banco. Me confesó que estaba abatido. “Nos cagaron los buitres. Nos corrieron el arco”, fue su frase. Cuando los bancos estaban a punto de conseguir los 250 millones de dólares, los buitres les informaron que ese dinero no aseguraba el otorgamiento del stay, sino que para esto último los bancos argentinos debían depositar la totalidad del reclamo en una cuenta a nombre de los buitres: 1600 millones de dólares. Terminaba así la negociación de los privados. Me comuniqué nuevamente con el ministro, el jefe de Gabinete y el presidente del Banco Central y les informé sobre esta situación y me dispuse a terminar uno de los días más largos de mi gestión. Resulta llamativo que el ex presidente del Banco Central no recuerde estos “detalles” que casi le cuestan al país 500.000 millones de dólares. Nunca me enteré que ese día Juan Carlos le había presentado la renuncia a la presidenta. Más bien me dio la sensación de que la presidenta lo echaba el 30 de septiembre de 2014, cuando en cadena nacional se quejaba de la existencia de unos 80.000 sumarios financieros que el Banco Central no gestionaba y de la filtración de información privilegiada a un grupo de bancos que conocieron con antelación la obligación de vender dólares estipulada unos días después por el Banco Central, hecho que generó abultadas ganancias. El acuerdo ofrecido por los bancos no era un buen acuerdo si incluía la participación de Sedesa. Utilizaba los ahorros de todos los argentinos para pagarle a los buitres y, para peor, el Estado debía participar de esa operación y gatillaba la RUFO por 500.000 millones de dólares. Ni los ahorros de todos los argentinos hubieran alcanzado para afrontar semejante deuda. Esperemos que la historia no se repita una vez más y que los argentinos tengamos que pagar con nuestros ahorros, con nuestro trabajo y con nuestro futuro la rendición incondicional a los buitres que propone ahora Cambiemos. *Por Emmanuel Álvarez Agis - Ex viceministro de Economía de la Nación

El gobierno actual le ha puesto fecha de vencimiento al proceso de desendeudamiento que permitió que nuestro país se pusiera de pie: 14 de abril. Esa es la fecha que dispuso el "nuevo presidente del parlamento", el juez Thomas Griesa. Si Argentina no deroga la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano, se cae el acuerdo con los buitres y, con ello, la posibilidad de abrir un nuevo ciclo de endeudamiento externo, única posibilidad que concibe el nuevo gobierno para crecer y reducir la inflación. Esta historia ya la conocemos. El Gobierno buscará dólares cueste lo que cueste. Si los consigue, financiará sus gastos corrientes mediante el crecimiento de una nueva bola de nieve de deuda externa. Y esos dólares se destinarán a las manos de unos pocos trabajadores que podrán consumir productos importados a precios de dumping, gracias a la explotación de los trabajadores del resto del mundo, y al creciente desempleo de sus pares en las pymes que durante estos 12 años pudieron desarrollarse gracias al crecimiento, la inclusión social y la administración del comercio exterior. Cuando el norte nos suelte la mano, la megadevaluación impondrá el ajuste sobre el poder adquisitivo que se postergaba mientras entraban los dólares. El bloque del FpV-PJ conoce bien las mañas de estos carroñeros internacionales. Nuestro proyecto no realizó una propuesta a los buitres hasta el año 2015, no por ideología o capricho, sino porque la cláusula RUFO hubiera derribado los canjes de 2005 y 2010 y, como en el Juego de la Oca, nuestro país habría vuelto a la casilla de largada: el año 2001. Vencida la cláusula RUFO, nuestra oferta tuvo como pilar la equidad con el 93% que sí aceptó acordar con Argentina. Fue entonces que se ofrecieron u$s 300 millones, en línea con los canjes de 2005 y 2010, y se puso como condición negociar con todos los buitres juntos. Hoy entendemos por qué nuestra negociación no prosperó: con solo esperar 12 meses, los buitres podían obtener 15 veces más de las manos de Macri. La oferta realizada por el macrismo no solo le permitirá a los buitres obtener una ganancia del 1.500%. También niega los principios jurídicos en materia de deuda externa votados por 136 países en la ONU. Además, la fecha de vencimiento del 14 de abril estipulada por Griesa pone a la Argentina de rodillas frente al mercado financiero internacional. Bajo esta situación, nuestro país deberá acudir a los mercados financieros internacionales, tal y como lo señala el diario especializado The Financial Times, para hacer la emisión de deuda más grande que haya realizado un país en desarrollo en los últimos 20 años. Saldremos a buscar u$s 15.000 millones que no tocarán el suelo argentino puesto que, así como entran, van a parar a las garras de los buitres, diciéndole a todo el mercado que si no los conseguimos, el 14 de abril el Banco Central verá caer sus reservas internacionales a la mitad. No es un megacanje ni tampoco un blindaje: es un megablindaje. El desendeudamiento junto con la notable baja del desempleo (5,7%) son sin lugar a dudas el mejor aspecto de la "herencia" que recibió el actual presidente. Desde el FpV queremos que nuestro país cierre para siempre el capítulo del default. Pero la solución no puede ser nunca peor que el problema. En este sentido, negociar apurados es negociar mal. El FpV está a disposición para contribuir a que Argentina consiga el mejor acuerdo posible con los buitres y, por ello, presentamos en Diputados nuestra propuesta. Debemos procurar que el 93% no consiga otro juez Griesa que les reconozca el 1.500% de ganancia que Macri está a punto de otorgarles a los buitres. El actual gobierno se tomará 7 meses para calcular la inflación. Estamos seguros entonces que 10 días no es un plazo razonable para resolver el "juicio del siglo". *Por Héctor P. Recalde - Presidente del bloque Frente para la Victoria - PJ

Comparto unas palabras del Diputado Nacional y Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Luciano Laspina sobre la primera sesión del Congreso: "El Congreso de la Nación tiene la decisión en sus manos. Afortunadamente, hoy podemos decir que mayoritariamente tenemos una dirigencia política a la altura de las circunstancias. Si logramos los consensos, entre todos habremos recuperado definitivamente el crédito público. Ese que se necesita para financiar las rutas y los caminos, las cloacas en los barrios carenciados, las escuelas y los centros de primera infancia que faltan por cientos en las zonas más postergadas del territorio nacional, y las obras de infraestructura que necesitan nuestras empresas para generar nuevos empleos".

El decreto 394/2016 de Impuesto a las Ganancias que se trató en la Bicameral de Trámite Legislativo solo perdería vigencia si fuese rechazado por ambas Cámaras. Cambiemos tenía conocimiento que el decreto 394 de Impuesto a las ganancias iba a ser rechazado por los integrantes del Frente Para la Victoria y la abstención del Frente Renovador. Fuimos a la reunión sabiendo la posición de cada uno de los integrantes de la Bicameral. No se trata de una derrota ni de un triunfo ya que el decreto sigue vigente. Fue una decisión política estar en la Bicameral y defender el decreto del Impuesto a las Ganancias 394/2016. Este es un problema de muchos años y si se hubiese actualizado las escalas en los años de crecimiento al 8%, en el transcurso de los últimos 12 años, no estaríamos enfrentando este problema. No reniego conceptualmente que una ley que contempla el mínimo no imponible, debe ir acompañado de una reformulación de las escalas y puedo asegurar que el gobierno piensa lo mismo. Se enviará un proyecto de ley para su modificación y que calce fiscalmente. Se ha modificado el 100% la base no imponible y es un paso hacia adelante”. Con este decreto se ha anunciado otro decreto autónomo de asignaciones familiares que ampliado sustancialmente la base de beneficiarios a casi 1.600.000 personas. Estamos dispuestos a trabajar con todos los proyectos de modificación del mínimo no imponible que a lo largo de estos años se han presentado en la Cámara de Diputados, incluso soy autor de uno de ellos, pero es necesario calcen fiscalmente. Hay que actuar responsablemente para no sitiar a la Nación fiscalmente y considero, dadas las circunstancias, que tendríamos que ir a un nuevo Pacto Fiscal.

Comparto una reflexión del Diputado Nacional Eduardo Amadeo sobre el año legislativo que se inicia: "Es un gran placer trabajar en un Congreso donde el diálogo es una necesidad. Quienes formamos parte del espacio Cambiemos creemos que la base fundamental de la democracia es respetar a aquellos que piensan diferente y lograr consensos. Todos tenemos un mismo objetivo: mejorar nuestro país. Como lo demostró la discusión sobre el tema holdouts, las mayorías pueden construirse aceptando las sugerencias de todos. El debate que se dio en comisión fue un gran inicio para este año parlamentario".

En el Bloque UNAr - como parte del Interbloque Federal UNA- acompañamos el dictamen de mayoría respecto al pago de la deuda que nuestro país mantiene con los holdouts. En las conversaciones que mantuvimos con los representantes del oficialismo observamos predisposición a considerar nuestras observaciones y propuestas de modificación a aspectos tales como el tope de la emisión, los objetivos y destino de la misma y el monto de las comisiones de los bancos. Tras una larga historia de desmanejos, quedarán dudas respecto a -por ejemplo- si la quita hubiera podido ser mayor, pero queda claro que estamos analizando una situación donde no existe margen para las consignas vacías sino una sentencia firme que implica una obligación o -de lo contrario- asumir los costos del incumplimiento. Tenemos que crear condiciones que permitan a nuestro país poner fin al capítulo de la cesación de pagos, acceder al crédito internacional y promover el crecimiento de las inversiones. Y el arreglo con los holdouts abre nuevamente esta posibilidad.

Así definió el titular del Bloque Justicialista, Oscar Romero, el discurso del Presidente Mauricio Macri, al dejar inaugurado un nuevo período legislativo en el Congreso de la Nación. “Nos preocupa la ausencia de menciones respecto al sector industrial y fundamentalmente a sus trabajadores”. Además, Romero señaló que “hubo muy pocas precisiones y referencias concretas respecto a los temas que preocupan a los trabajadores: inflación, consumo interno, precios”. El dirigente de Smata valoró como positivo “el llamado a aceptar propuestas, incorporar iniciativas que provengan de otros sectores, nosotros ya presentamos una decena de proyectos: Ganancias, 82% para los jubilados y asignaciones familiares, que esperamos sean tratados.Todos tienen como objetivo la defensa de los trabajadores, de los que menos tienen, del poder adquisitivo, del consumo y el mercado interno”.