El Congreso Nacional tiene en sus manos cerrar un conflicto con acreedores externos que lleva quince años sin resolverse de manera definitiva. El desafío a superar, que significa poner fin al default más largo de nuestro tiempo, por solo un siete por ciento (7%) de la deuda externa argentina, nos convoca a buscar el consenso necesario, con la mayor prudencia, sensatez y responsabilidad. Gracias a una rápida y eficaz gestión del nuevo gobierno podremos cancelar ese saldo de deuda externa que resulta muy onerosa para el país, que viene acumulando altos intereses y deriva de una derrota judicial frente a los acreedores más hostiles, que se enriquecieron a costa de mantener indefinidamente al país en cesación de pagos. Ahora podremos salir del default y sacarnos de encima a los llamados “fondos buitres” que especularon contra la Argentina comprando títulos de deuda a precios muy reducidos - como lo hacen en el resto del mundo-, en situaciones de crisis, para luego litigar hasta cobrar la totalidad del crédito, con intereses y costas, aprovechando vacíos legales del sistema financiero internacional. No resolver antes este conflicto, - sea por empecinamiento, exceso de retórica, impericia o escasa lucidez para negociar-, le ha costado muy caro a nuestro país, ya que esa deuda impaga pasó de 6.182 a más de 18.500 millones de dólares reclamados. Pero además mantener al país en default ha venido agravando en los últimos años la recesión, la falta de acceso al crédito y su encarecimiento, fuera público o privado, incrementando la fuga de divisas, la caída de las inversiones y la pérdida de fuentes de trabajo, entre otras serias consecuencias para la marcha de la economía nacional. En primer lugar, el valor de los acuerdos cancelatorios de deuda que vamos a ratificar por ley, puede medirse por la quita lograda por nuestros negociadores, que trabajaron con paciencia, intensidad e inteligencia. Su trabajo ha sido meritorio ya que han alcanzado una quita de la deuda reclamada, de entre el 35 y el 38 %, que no es poco, luego de una dura batalla legal que nos había puesto en un curso de derrota imposible de corregir en sus resultados. No se puede ignorar que hoy tenemos sentencia firme en los Estados Unidos, para una deuda que se ajusta, en promedio, con un nivel de tasas de interés superior al 9 %. También tenemos la deuda reestructurada en 2005 y 2010 nuevamente en cesación de pagos declarada desde fines de 2014, luego que un acuerdo de pago que parecía encaminado con la intervención de bancos privados argentinos, terminó desvanecido en pocas horas, en medio de bruscos virajes y cambios de rumbo, con un discurso tan altisonante como inconducente para la solución del problema, de “Patria o Buitres”. Dijimos entonces que el gobierno había ideologizado la cuestión con una absoluta falta de realismo y de templanza para negociar seriamente, cuando podía resolverse un mejor arreglo de la deuda, a un costo mucho menor para el país. Es importante distinguir que nuestro repudio a los fondos buitres especuladores que compraron títulos de deuda por migajas para hacerse de ganancias extraordinarias, no significa que debamos actuar irresponsablemente. Argentina se recuperó con creces de la crisis del 2001, pero lamentablemente los últimos años incubó otra crisis económica. Tenemos pocas reservas, alta inflación, una economía estancada, un déficit público de casi 7 puntos del PIB y estamos al margen del financiamiento externo para repagar nuestras deudas y renovar nuestra infraestructura. La menor inversión extranjera directa en nuestro país, a raíz del default, se refleja en porcentajes llamativos en el ámbito regional, donde Argentina pasó de tener un 19 % a solo el 6 % del flujo de inversiones a la región. De ser el segundo receptor histórico de inversión extranjera directa, solo después de México, descendió al sexto lugar en 2014 debajo de Brasil, México, Chile, Colombia y Perú. Este acuerdo no genera más deuda sino un verdadero desendeudamiento, por sus menores tasas y más largo plazo. Los montos previstos de emisión para afrontarlo son perfectamente compatibles con el tamaño y la capacidad de pago de nuestra economía ya que con un PBI equivalente a alrededor de 500 mil millones de dólares, la deuda asumida -exclusivamente destinada para el acuerdo-, de 11.684 millones de dólares que supone egresos por intereses del orden de los 800 millones anuales, con este acuerdo termina siendo más accesible y permite desarrollar un programa de política cambiaria y fiscal más sustentable. Estamos convencidos que la salida del default contribuirá a aumentar las inversiones y a crear trabajo para los argentinos, pero para ello deberemos recomponer la solvencia fiscal del sector público nacional y provincial cuya falta de financiamiento se compensó con caída de reservas e inflación Este flagelo que nos afecta a todos puede empezar a resolverse con esta vuelta al circuito internacional de inversiones que nos permitirá ampliar la capacidad de oferta de bienes y servicios que lleve los precios a valores razonables para el bolsillo de los argentinos, sobre todo de aquellos que viven -desde hace años- con la angustia de tener que llegar a fin de mes. Reitero, no es volver a endeudarse. La deuda existía antes de que llegue Mauricio Macri al gobierno. Ahora queremos cerrar este capítulo doloroso para todos los argentinos.